La Constitución, en la sala de espera electoral

Sostiene el PP de Mariano Rajoy que no hay consenso para reformar la Constitución. Coinciden PSOE, Ciudadanos y Podemos, entre otras fuerzas políticas, que es una necesidad imperiosa por distintos motivos y no todos territoriales. Y que pase lo que pase, el debate ha de abrirse en la nueva legislatura. Las tesis políticas del uno y los otros resonarán este 6 de diciembre en el Congreso.

¿Quién está en lo cierto? En una España poco dada al referéndum, roza la utopía imaginar que se consulta a los ciudadanos si anhelan o no someter a su Carta Magna a una actualización, a una intervención que requiere bisturí político fino. Así que el pragmatismo empuja a despejar la incógnita de lo que puedan pensar sus próximos representantes en Cortes.

En el caso de Rajoy, la respuesta es recelosa. Él no lo ve. Él es el único de los cuatros principales aspirantes a La Moncloa que no ha incluido la cuestión en su programa. Le contraría el asunto. Cree que en clave interna se le amargaría entre las manos el melón constitucional si se decide a abrirlo y, además, sospecha que no lograría saciar la hambruna independentista. Que es demasiado tarde. 

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Y no será porque uno de los socialistas que más admira, Alfredo Pérez Rubalcaba, no le sugiriera, le aconsejara y hasta en alguna ocasión casi le rogara en privado que aprovechara la décima legislatura, la que ya se extingue y en la que el PP ha gozado de mayoría absoluta, para poner en marcha una ponencia en el Congreso. Que se comenzara a debatir sin ansiedades. 

El ‘alquimista’ del PSOE confiaba en los efectos balsámicos de una iniciativa que, como mínimo, pudiera abrir la puerta al diálogo con y sobre Catalunya. Pero sus esfuerzos fueron baldíos.

LA TRAVESÍA FEDERAL DE RUBALCABA

No fue el de convencer a Rajoy el único empeño de Rubalcaba en torno a la reforma constitucional que protagonizó en sus años de secretario general. Según el relato de su entorno, tampoco fue un ‘vidi, vini, vinci’ el persuadir a sus propios compañeros de que tocaba dar un golpe de timón en el barco del PSOE y, navegando junto al PSC, colocar la proa rumbo al modelo federal. 

La expedición se enfrentó a tormentas propias y ajenas. La vieja guardia. Los nuevos guardianes (guardiana en algún caso) de las ‘esencias’ socialistas. Los entusiasmados con el derecho a decidir. Los enojados con los estusiasmados con ese derecho a decidir. Los que no entendían el giro y alertaban de que lo preocupante era la sangría por la izquierda. Los que se burlaban del denuedo de Rubalcaba desde la madrileña calle Génova. 

Finalmente, el 6 de julio de 2013 vio la luz la llamada declaración de Granada, con la que el entonces jefe de los socialistas creía haber cuadrado un círculo. Allí se abrazaba el federalismo como el ‘justo medio’ virtuoso entre los anhelos de recentralización o de secesión que pudieran mostrar terceros. Y se apuntaba también la oportunidad de abrir una futura reforma de la Constitución a la inclusión de derechos sociales.

Justo a ese extremo y a la introducción además de mejoras democráticas se agarró el actual líder y candidato socialista, Pedro Sánchez, para hacer suya con algunos importantes retoques y matices la declaración granadina e incluirla en su programa.

MAYORÍA A FAVOR DE ABRIR PONENCIA

Sánchez ya se ha comprometido a aprobar una propuesta concreta en uno de sus primeros cinco consejos de ministros, si resulta vencedor en las generales. Por tanto, también quiere y propondrá para la undécima legislatura una renovación de la Carta Magna. En el modelo territorial, sí, pero especialmente en lo que atañe a derechos sociales y regeneración. Es en esos terrenos donde el PSOE tiene más posibilidades de encontrarse con otras dos fuerzas políticas que, según los sondeos, van a irrumpir en las Cortes con vigor y/o hasta con capacidad de poner o tirar gobiernos: Podemos y Ciudadanos. 

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Con este panorama, el Congreso que emane de las urnas el 20D tendrá seguramente cuatro partidos ocupando la gran mayoría de sus escaños. De esos cuatro, tres entienden que hay que modificar la Carta Magna (según el último CIS y cogiendo la parte más baja de la horquilla del muestreo, supondría que como poco 185 diputados estarían a favor de abrir el debate constitucional frente a los 120 del PP, instalados en la negativa), aunque como gusta de resaltar Rajoy sus objetivos son diferentes. 

¿Será motivo suficiente esa mayoría proclive a crear una ponencia sobre la reforma para que el actual presidente, en caso de volver a vencer, ceda y dé el paso?.

EL EJEMPLO DE 1977

Lo cierto es que el entorno de Rajoy da por hecho que esa ponencia será sin duda una de las condiciones que su aspirante tenga que aceptar si quiere investidura. E igual de cierto es que, programas electorales en mano, no resulta descabellado pensar que socialistas, Ciudadanos y podemitas podrían ponerse de acuerdo sin titánicos esfuerzos en modificar la ley fundamental para brindar derechos sociales y regenerar instituciones. Además, tampoco es delirio augurar que si la ponencia se abriera, el PP no tendría sencillo ponerse de perfil en esos asuntos.

De nota sería ya que, con hipotético pacto previo en otros capítulos, supiesen acercar posturas también en el terreno del modelo de Estado (PSOE está en el federalismo, Podemos en el reconocimiento del derecho a decidir y cinco acuerdos básicos Ciudadanos, en línea con el ideario del PP, en fortalecer atribuciones estatales) y encontrasen un punto de encuentro. Hoy suena a epopeya. En 1977, cuando se abrió ponencia en el Congreso un mes después de las primeras elecciones democráticas, se antojaba locura.