CCOO admite "desorden" en la gestión de los ERE andaluces pero niega financiación ilegal

CCOO ha admitido que se produjo cierto "desorden" en la gestión de los ERE pagados por la Junta de Andalucía en los que participó el sindicato, aunque ha negado cualquier tipo de actuación ilícita o financiación ilegal, como sospecha la jueza instructora del caso. Tampoco hay indicios de enriquecimiento personal. Son las principales conclusiones de la investigación interna llevada a cabo por la organización tras descubrirse que los entornos sindicales recibieron más de 7,6 millones de euros en sobrecomisiones procedentes de las empresas mediadoras que tramitaron esas prejubilaciones.

El resultado del informe lo han presentado este jueves en Madrid el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el responsable del sindicato en Andalucía, Francisco Carbonero, quienes han negado de forma tajante que el sindicato esté involucrado en la trama de corrupción. "Comisiones Obreras no ha cometido ninguna ilegalidad y no ha formado parte de ninguna trama" de reparto de comisiones, ha asegurado Toxo, para concluir que "no obstante, el sistema de facturación y los cauces empleados son manifiestamente mejorables".

En este sentido, Toxo hizo hincapié en que "no se puede adjudicar al sindicato el diseño de ayudas que hizo el Gobierno andaluz para atender a las empresas en crisis". Y recordó que el papel de los sindicatos en la negociación de un ERE es una intervención "especializada". Así, resaltó que al igual que las empresas acuden a consultoras o bufetes de abogados, el trabajo de los sindicatos es actuar como "gabinete jurídico y económico y actuarial", una labor que "tiene un coste" que "debe ser retribuido". Ahí es donde la investigación judicial señala que se produjeron los cobros sobredimensionados.

Federaciones autónomas

No obstante, el secretario general de CCOO reconoció que "ha habido cierto desorden y ha habido confusión e independencia" y precisó que, aunque fueron actuaciones de federaciones autónomas del sindicato, "lo que hace una parte del sindicato afecta a toda la organización".

Al igual que Toxo, el responsable del sindicato en Andalucía también ha señalado a la Junta de Andalucía como responsable última de "la chapuza administrativa" en la que se convirtió el sistema implantado para gestionar las prejubilaciones, que permitió que "aparezcan intrusos que no lo son o pólizas que tenían que estar en un sitio y han estado en otro". "El sindicato no ha participado de ello", insistió, defendiendo que "ha actuado desde la legitimidad y el compromiso con los trabajadores".