CiU y PSC impiden que Bustos vaya al Parlament

Tienen en común haber tenido, y mantener aún (unos más que los otros), amplias cotas de poder en todos los niveles de la administración, tanto en la Generalitat como en los ayuntamientos. Y que, cuando el enfrentamiento entre ambos estaba en máximos, siempre hallaban un momento de tregua para acordar posiciones parecidas en votaciones sensibles, en aras de impedir una excesiva profundización en determinados temas que pudieran minar, aún más, la imagen de las respectivas fuerzas. Y ahora, cuando CiU y PSC están tanteando la posibilidad de un acuerdo de techo todavía no definido ( aunque parece que limitado, como mucho, a hacer factible la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para el 2015), no podía ser menos. Los antiguos partidos mayoritarios actuaron ayer como un bloque contra el resto de grupos para impedir una serie de comparecencias y para ratificar algún nombramiento polémico. Gracias a ese pacto, al que en este punto se sumó el PP, el exalcalde de Sabadell Manuel Bustos no comparecerá ante el Parlament para explicar si hubo o no pago de sobresueldos en la Federació de Municipis de Catalunya.

Marina Geli (PSC) y Lluís Maria Corominas (CiU) rechazaron, en la Comissió de Afers Institucionals del Parlament, donde se dirimía la cuestión; tanto la comparecencia de Bustos, como la de los otros 13 alcaldes que ICV, Ciutadans y CUP demandaban (ERC solo pedía la del exedil de Sabadell), con el argumento coincidente de que debían evitarse «juicios paralelos» ya que el asunto estaba siendo investigado judicialmente.

 La sociovergència también ratificó a Maite Masià como nueva directora adjunta de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), un nombramiento que surge a propuesta de su director, Daniel de Alfonso. El resto de partidos -ERC, PP, ICV-EUiA, C's y la CUP- votaron en contra, y criticaron el nombramiento aludiendo a informaciones periodísticas que establecen vínculos de Masià con imputados por la trama de las ITV, la misma por la que se halla imputado el exnúmero 2 de CDC, Oriol Pujol Ferrusola.

La alianza también sirvió para evitar que los máximos responsables del Fòrum Universal de les Cultures tengan que dar cuentas por presunta irregularidades. El Fòrum 2004 era un consorcio formado, a tercios, por el Ayuntamiento de Barcelona (en manos del PSC, entonces), la Generalitat (convergente hasta su celebración) y el Gobierno de España (PP). El presidente del consejo de administración era el alcalde de la capital catalana que, por aquella época, era Joan Clos. Lo más parecido a la unanimidad solo se dio para pedir la destitución del embajador de España en Holanda, Fernando Arias, tras la polémica con el escritor Albert Sánchez Piñol: CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP votaron a favor.