APERTURA DEL AÑO JUDICIAL

Maza afirma que "no caben vacilaciones" frente a quienes se sitúan fuera de la ley

Ángeles Vázquez / Madrid

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Tanto el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, como el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, no quisieron dejar pasar este martes el acto de apertura del año judicial sin disipar cualquier duda sobre el papel que juegan la fiscalía y el poder judicial frente al proceso independentista. Mientras Lesmes anunció que "nadie sufrirá por cumplir la ley", Maza afirmó que "no caben vacilaciones" frente a "la sinrazón de quienes se sitúan al margen" de ella, "del Estado de derecho y de la democracia". Además, garantizó por parte de los fiscales "una actuación serena, pero tan firme y enérgica como requiera la preservación de las instituciones" que constituyen "esta patria común e indivisible de todos los españoles".

Maza aseguró que todas las fiscalías, la de la Audiencia Nacional, la del Tribunal Constitucional, la del Tribunal de Cuentas, la de Catalunya y las de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, "seguirán actuando con celeridad y coherencia siempre con plena sujeción a la legalidad, para garantizar el marco de convivencia constitucional" vigente, porque "el ministerio fiscal está obligado a desplegar una defensa activa de la España constitucional".

El ministerio público "no abriga ninguna duda sobre sus obligaciones y de su vocación como promotor de la acción de la justicia, con la clara convicción de que el respeto a la ley garantiza la convivencia, porque solo bajo su amparo y vigencia es posible el ejercicio de la libertad y el disfrute de la seguridad a la que tienen derecho todos los ciudadanos", afirmó Maza en su intervención ante el rey Felipe VI.

Inaceptables voluntades unilaterales

Por su parte, Lesmes optó por destacar la importancia de la Constitución como "conjunto de mandatos jurídicos de obligado cumplimiento" que corresponde garantizar al poder judicial junto al resto de poderes del Estado. "Por ello, las voluntades unilaterales que pretenden disponer" de ella "son inaceptables y violentan la propia democracia, pues ningún principio democrático puede amparar ni legitimar que una parte disponga sobre el todo", sentenció.

El deber de "inexcusable cumplimiento" de los jueces es "asegurar los derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes", especialmente de quien se pueda sentir amenazado por ejercerlos, explicó Lesmes, para añadir que los magistrados deben amparar "a todos los servidores públicos, de cualquier clase que sean, encargados de hacer cumplir la ley en cualquier parte del territorio nacional". Unas palabras que responden directamente al diputado de Junts Pel Sí Lluís Llach que en abril pronosticó que muchos funcionarios "sufrirán", porque los que "no cumplan la ley de transitoriedad serán sancionados".

Resaltó la importancia de "un poder judicial único, fuerte e independiente" como "mejor garantía de la libertad y la igualdad de los españoles", y concluyó con un: "Como jueces, hoy más que nunca, nos corresponde custodiar sin ambigüedades la Constitución y la ley".

Atentados

En sus discursos también recordaron los atentados de Barcelona y Cambrils. Maza, que destacó que las causas por yihadismo supusieron en el 2016 el 40% de la carga de trabajo de la Audiencia Nacional, los definió como "la barbarie y la sinrazón absoluta" y se comprometió a seguir trabajando "desde el rigor y la eficacia en la lucha contra el terrorismo yihadista". Lesmes, por su parte, pidió "unidad frente al miedo, firmeza institucional y solidaridad" como respuesta al terrorismo. "La libertad no se negocia, no está en venta", recalcó.

Delito contra la Corona archivado

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: PTSerif-Regular; font-size: 16px; background-color: rgb(244, 245, 246);">Mientras Felipe VI asistía al acto que inaugura el nuevo año judicial, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno archivaba una causa por delito contra la Corona por la supuesta quema de una foto del Rey el 30 de diciembre de 2016, en la llamada Diada de Mallorca, durante un concierto en el parque de Ses Estacions de Palma. El magistrado explica que, "ante la naturaleza del delito", Twitter se ha negado a colaborar con el juzgado y las imágenes aportadas en las diligencias por la policía en un CD tienen tan mala calidad que es imposible "determinar a quién corresponde la fotografía que se quema por los investigados". Sin saber si la foto que se quemó era realmente del Rey, difícilmente se puede llegar a determinar que se cometió un delito contra la Corona. La fiscalía, que presentó la denuncia que dio origen al procedimiento, había solicitado el sobreseimiento de las actuaciones.</span>