El pulso en el CGPJ paraliza la renovación de 6 tribunales

La política de despachos vuelve a agitar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los 20 vocales y su presidente, Carlos Dívar, se han dado otro mes para nombrar a seis presidentes de tribunales superiores de justicia y a un magistrado de la sala segunda del Tribunal Supremo, ante la falta de acuerdo entre los bloques conservador y progresista y las divisiones en el seno de estos grupos, que han roto el pacto alcanzado para un reparto equitativo de los cargos.

Las negociaciones sobre estos nombramientos comenzaron hace casi un año, cuando el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Fernando de la Rúa, cumplió su mandato. El bloque conservador del CGPJ pidió la plaza para alguno de sus afines, ya que este cargo tendrá la última palabra sobre el futuro político de uno de los dirigentes más controvertidos del PP, Francisco Camps, implicado en el caso Gürtel. El sector progresista cedió a esta pretensión a cambio de situar a uno de los suyos en la presidencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sin embargo, el pacto no llegó a cuajar y otros cuatro tribunales superiores de justicia se sumaron a la negociación. Los dos bloques pactaron un reparto de presidencias: Catalunya, Andalucía y Canarias, para los progresistas, y Valencia, Castilla-La Mancha y Castilla y León, para los conservadores.

ANDALUCÍA / Pero los acuerdos saltaron por los aires el pasado jueves ante la resistencia de los conservadores a ceder Andalucía, alegando que el presidente de este tribunal tiene que pertenecer a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) porque en ella militan más de la mitad de los jueces que ejercen en esa comunidad. Un argumento que ha llevado al CGPJ a reabrir el proceso y a bloquear los nombramientos. Esta decisión es difícil de entender, ya que por ejemplo en Canarias solo se presentó un candidato y en Castilla y León y Castilla-La Mancha todos los aspirantes son de la APM.

Otro punto de discordia es la plaza de magistrado de la sala penal del Tribunal Supremo que lleva vacante dos años. En el último pleno se reeligió como presidente de la sala a Juan Saavedra, que contó con el voto de los dos sectores. Su candidatura fue discutida por algunos conservadores, que no le han perdonado que votara a favor de la reapertura del caso Camps, pero fuentes del CGPJ señalan que no había ningún motivo para echar a Saavedra de la presidencia y que su reelección estaba cantada porque en el caso de haber elegido a otro candidato, se habría interpretado como una reprimenda por su actuación decisiva en el caso Garzón.

La batalla se centra ahora en la elección entre el catedrático Gonzalo Quintero y el fiscal Antonio del Moral, próximo al Opus Dei, como magistrado de la sala penal. Los progresistas rechazan a Del Moral, pero los conservadores gozan de una amplia mayoría en la sala.