El 'caso Palau' sigue sin respuestas un año después de estallar

tres procesos judiciales abiertos, una comisión de investigación parlamentaria... y una batería de preguntas aún sin resolver. El escándalo del saqueo del Palau de la Música protagonizado por su expresidente Fèlix Millet y la mano derecha de este, Jordi Montull, estalló el 23 de julio del 2009 –mañana hará un año– con el registro de la entidad cultural. Desde entonces han salido a la luz documentos sobre el desvío de millones de euros para fines particulares de los exdirectivos, presuntas comisiones por obras públicas adjudicadas por los gobiernos de CiU e indicios de presuntos traspasos de fondos a la Fundació Ramon Trias Fargas, vinculada a CDC y al actual responsable de inmigración de ese partido, Àngel Colom. Y todo ello sin que la justicia ofreciera una respuesta ágil y mientras en el Parlament se vivía una confrontación política propia de un periodo preelectoral.

«Una justicia lenta no es justicia». Este es un principio que todo profesional del derecho defenderá. Pero en un año, el proceso principal por el saqueo del Palau ha avanzado bien poco porque aún no se han analizado muchas de las operaciones de las que existen papeles incriminatorios. El juez Juli Solaz, que ha imputado a 10 personas y ha tomado declaración a un veintena de testigos, está a la espera de que los funcionarios de la Agencia Tributaria que actúan como peritos entreguen un segundo dictamen de los documentos incautados en el registro. La semana pasada, a causa de la enfermedad de uno de los funcionarios, se daba por hecho que el informe no sería remitido hasta septiembre, pero fuentes judiciales aseguraron a este diario que el informe puede llegar al juzgado a finales de este mismo mes.

NUEVA DECLARACIÓN / El magistrado contaría, por lo tanto, con el material para impulsar las pesquisas sobre el saqueo. Los informes de Hacienda se complementan, además, con otros de la auditora Deloitte, contratada por los actuales gestores del Palau, y la Intervenció General de la Generalitat, que ha constatado la presunta existencia de malversación de fondos públicos. Deloitte, precisamente, remitirá el viernes al juzgado su último dictamen, en el que constata más desvío de fondos y la distracción de millones de euros en las obras de ampliación y remodelación del edificio modernista.

Fuentes jurídicas insisten en que tarde o temprano Millet y Montull (la hija de este, Gemma, exdirectora financiera del Palau, y las mujeres de ambos también están imputadas) deberán comparecer de nuevo en el juzgado para ser interrogados sobre las irregularidades que se han descubierto después de su primera declaración, que estuvo precedida de la confesión de algunas actuaciones, entre ellas la apropiación de fondos de la entidad para pagar obras en sus casas y viajes de recreo, el cobro de sobresueldos con facturas falsas, el intento de engañar a Hacienda y el manejo habitual de grandes sumas de dinero en efectivo. La salida de fondos en metálico es lo que disparó la alarma en Hacienda y motivó la actuación de la fiscalía de Barcelona que, al final, presentó la querella que permitió la operación policial en la institución cultural.

13 DÍAS EN PRISIÓN / Las confesiones de Millet y Montull en un escrito dirigido al juez (septiembre del 2009) y la dilación a la hora de citarlos para declarar (el 19 de octubre, casi tres meses después del registro) permitieron que los abogados defensores desplegaran su estrategia y evitaran que sus clientes ingresaran en prisión tal y como pedía la fiscalía. Pisaron la cárcel durante 13 días en junio, pero por otro caso instruido, esta vez con rapidez, por la jueza Míriam de Rosa Palacio: el presunto tráfico de influencias y la apropiación indebida en la operación para construir un hotel cerca del Palau, una trama en la que figuran como imputados cargos del Ayuntamiento de Barcelona y que ha salpicado alconsellerde Economia, Antoni Castells.

Lo que sí se ha logrado es reducir el patrimonio de Millet y Montull, que han devuelto al Palau unos cinco millones y han puesto a disposición del juez bienes por valor de 14 millones. Además, se les han embargado 1,2 millones de cuentas suizas. Los últimos cálculos indican que el desvío casi alcanza los 35 millones.