Francisco Caamaño: "El Estatut es inequívocamente constitucional"

La nueva Ciutat de la Justícia de Barcelona recibirá hoy la primera visita del ministro del sector, Francisco Caamaño. Cinco meses después de su accidentada llegada al cargo en sustitución del cesado Mariano Fernández Bermejo, y en medio de un ambiente enrarecido tras la primera huelga de jueces españoles de la historia, Caamaño ha logrado calmar las aguas y ahora se centra en impulsar la reforma de la ley del Poder Judicial, aprobada el pasado junio. Antes, sin embargo, deberá lidiar con el esperado fallo –si llega– del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut. Una norma que conoce a la perfección, ya que participó directamente en su gestación en representación del Gobierno central.

–¿El Estatut es constitucional?

–Es inequívocamente constitucional. No tengo ninguna duda sobre ello. Por eso fue aprobado en las Cortes Generales, con la mayoría absoluta de las dos cámaras, y refrendado por el pueblo catalán.

–Todo apunta, sin embargo, a que el fallo será deliberadamente interpretativo, lo que permitirá lecturas contrarias a la redacción del Estatut.

–Se está haciendo una especie de extraño mito en torno a qué es una sentencia interpretativa. Técnicamente, es aquella que reconduce al fallo alguna de las posibles interpretaciones del precepto para avalar su constitucionalidad. Es decir, siempre serán interpretaciones en favor de la constitucionalidad del Estatut.

–¿Debe el TC pronunciarse sobre el preámbulo, donde Catalunya es definida como una nación, pese a que este no es vinculante?

–No. Y no porque lo diga yo. Dos sentencias previas del TC dicen que los preámbulos no son normas a los efectos de impugnación en los recursos de inconstitucionalidad.

–El president

–Respeto todas las opiniones, pero creo que un Estatuto de autonomía es, como la ley orgánica del Tribunal Constitucional establece, una norma susceptible de control de constitucionalidad. Y no hay ninguna norma superior a la Constitución, que es el acuerdo de todos y el fundamento democrático de nuestra convivencia. El guardián de la Constitución es el TC y nos gustará más o menos, pero su sentencia deberá ser acatada jurídica y políticamente.

–Los partidos catalanes critican la posibilidad apuntada en las últimas semanas de que el TC falle en agosto, al considerar que sería un momento inoportuno y partidista.

–Los tiempos de la justicia no son los tiempos ni de la opinión pública ni de la política. Hay que tener en cuenta que el TC afronta uno de los asuntos más complejos y difíciles de su historia, por lo que hay que respetar el calendario y el ritmo de deliberación que decidan sus miembros. Lo importante es que dicten una sentencia motivada y convincente en la que se pronuncien con claridad sobre la constitucionalidad o no del Estatut.

–¿Le preocupa el deterioro de la imagen del TC en los últimos años por su creciente politización?

–Todos los tribunales constitucionales, por la naturaleza de las decisiones que debe tomar, pasan por situaciones críticas ante las opiniones públicas. Es inevitable. Lo importante es que ejerzan su cometido. Todos interpretamos cada día la Constitución, pero alguien tiene que tener la última palabra y cerrar el debate.

–Desde diferentes ámbitos de la sociedad civil catalana se alerta de que si la sentencia del TC es contraria, y se une a un otro desacuerdo sobre el modelo de financiación, se debería reformular el pacto de la transición entre Catalunya y España y reformar la Constitución.

–En 1978 pactamos entre todos una Constitución y, posteriormente, los catalanes aprobaron un Estatut que refrendaron las Cortes Generales. Y ese es el escenario en el que nos tenemos que mover, mientras no lo cambiemos, al margen de las interpretaciones políticas. Estamos ante un marco jurídico que es de todos.

–¿Le va a dar más trabajo el Gobierno al TC presentando un recurso por el tratamiento de la tercera hora de castellano en la nueva ley de educación de Catalunya?

–Tenemos tres meses para decidirlo, pero de momento no se ha planteado esa opción. El Parlament ha elaborado una ley adaptada a la Constitución y el Estatut y habrá que analizar si se ha producido algún exceso. En todo caso, no debemos hacer cuestión política de temas como la lengua, y menos en aquellas comunidades autónomas donde no existen problemas y se viven esas cuestiones con normalidad. Contamos, además, con varios precedentes en los que el TC se pronunció de manera inequívoca y rotunda a favor de que allí donde se haya establecido un sistema en el que la lengua cooficial, en este caso el catalán, es la vehicular de la enseñanza, esa opción es plenamente constitucional.

–¿Qué opina de la polémica que suscita la nueva ley del aborto?

–Es una ley necesaria e imprescindible que, al establecer plazos, da garantías a todos, la mujer y el personal sanitario. Esa es una premisa fundamental que no existía antes. Mientras el feto no es viable al margen de la madre es posible el aborto y cuando, según la Organización Mundial de la Salud, tiene una vida autónoma se prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo. Hasta ahora se permitía abortar por razones de gravedad psíquica incluso a los siete meses de la gestación.

–¿Y la ampliación hasta los 16 años de la edad mínima para decidir un aborto sin autorización paterna?

–En la mayoría de los países europeos esa es la edad fijada. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir con el Spain is diferent? ¿Por qué puede una mujer de 16 años disponer de su integridad física en cualquier tipo de intervención clínica y no cuando se trata de un aborto? Esta ley cree en la autonomía de las personas y en la responsabilidad de sus decisiones, y garantiza sus derechos.