Montilla medita su plan B para el caso de que el TC tumbe el Estatut

José Montilla define estos días de vacaciones en lugar desconocido su plan B. La primera crisis de su Gobierno no solo ha dinamitado la imagen de unidad del tripartito y proporcionado oxígeno a CiU. También ha inducido al <i>president</i> a replantearse la conveniencia de mantener el mutismo sobre cómo debería reaccionar el Gobierno catalán a una hipotética sentencia del Tribunal Constitucional contraria al Estatut.

El plan B al que Montilla está dando cuerpo estos días, según fuentes socialistas, parte de la premisa de que la puja independentista entre Esquerra y CiU que dio pie a la crisis ha dejado sentado que estas dos formaciones, una desde el Gobierno y la otra desde la oposición, comparten su propio plan B: reclamar un referendo de autodeterminación sobre la independencia de Catalunya.

SILENCIO DIFÍCIL

Tras esta constatación, reflejada en sendas propuestas de resolución del último pleno del Parlament, algunos colaboradores de Montilla opinan que el presidente de la Generalitat difícilmente podrá mantener su actual silencio durante los largos meses, tal vez algún año, que el Constitucional tarde en decidir sobre el recurso del PP contra la Carta catalana.

Tanto si Montilla decide empezar a mostrar ya los perfiles de su plan B como si opta por lo contrario, ese plan alternativo pasaría, según las fuentes citadas, por acatar el fallo judicial y acto seguido comprometerse con el pueblo de Catalunya a alcanzar por otras vías, siempre legales, las cotas de autogobierno previstas por el Estatut.

ACTUACIONES PARALELAS

Ese compromiso se concretaría en tres líneas de actuación paralelas. Si las columnas del Estatut son la definición nacional de Catalunya, la financiación y las nuevas competencias, esas actuaciones serían las siguientes.

Primera, proponer una reforma de la Constitución para incluir en la Carta Magna el reconocimiento de la realidad nacional catalana. Segunda, negociar con el Gobierno central una financiación como la derivada del Estatut. Y tercera, pedir al Ejecutivo la modificación de las leyes necesarias para lograr el traspaso de las competencias previstas en la Carta catalana.

Al presidente de la Generalitat no se le ocultan los obstáculos y dificultades de estas vías alternativas. Ni tampoco que, para avanzar por ellas, debería hacer valer con contundencia la fuerza de los 21 diputados socialistas catalanes en el Congreso. Y eso supondría, muy probablemente, la apertura de una etapa inédita en las relaciones entre el PSC y el PSOE.

DESCALIFICACIONES

En el tablero político catalán, el plan B de Montilla podría apoyarse entonces sobre un discurso que presentase al PSC como la única fuerza central que propugna en Catalunya la construcción de un proyecto común con España; una España plural, abierta, progresista.

Ese discurso haría hincapié en que tanto CiU (desde su reciente y primera alusión parlamentaria a la independencia) como el PP (entestado en el rechazo frontal de las aspiraciones autonomistas catalanas) están descalificados para compartir esa etiqueta.