Vamos a contar mentiras

Las encuestas dicen que la mayoría de catalanes (casi el 70%) quieren ser consultados. Es legítimo, ya que la última vez que lo fueron -en el 2006 y según lo que manda la Constitución- aprobaron (pese a la consigna contraria del PPC y ERC) un Estatut que decía que Catalunya era una nación y permanecía en España. Y cuatro años después, ese voto fue enmendado por un dividido y desacreditado Tribunal Constitucional (TC). Aunque es cierto que entonces el sí fue abrumador (74%), pero la participación, escasa (49%), y que ello pudo envalentonar al sector recalcitrante del Constitucional.

Vamos a otra verdad. Plantear un referéndum sobre la independencia (disfrazado de consulta y algún día incluso de inocente encuesta) sin pacto previo con el Estado (como en Escocia) es «aventurista» (Financial Times dixit). Ahora se ve. Contra lo que el president prometió -y a ratos sigue haciéndolo-, no va a haber consulta. El fondo del asunto es que la democracia requiere tanto el respeto a la voluntad ciudadana (más a través del voto que de las manifestaciones) como al Estado de derecho.

Quizá por eso la consulta planteada tiene un gran déficit democrático. Las dos preguntas encadenadas

-si Catalunya debe ser un Estado y si ese Estado debe ser independiente- son confusas. Casi tramposas. En los referéndums democráticos (no en los de regímenes políticos a la deriva) se exige que la pregunta y la contabilización del resultado sean claros como el agua. En la pactada en Catalunya por Artur Mas y Oriol Junqueras no es así. ¿A qué tipo de Estado se refiere la primera pregunta, a uno como Baviera o California, o a otro como Alemania o Dinamarca? No queda nada claro, sino más turbio que el chocolate espeso.

Pero lo peor es que hay pacto -y convocatoria de consulta- para las preguntas encadenadas, pero en ningún lugar se especifica cómo se contabilizará el resultado. Parece demencial -o tercermundista- pero es así. Se convoca la consulta sin acuerdo (sino criterios opuestos) sobre el cómputo del resultado. Con detalles escabrosos. Los que responden no a la primera pregunta (confusa) quedan eliminados de la segunda. Así, según cómo se compute, si el sí a la primera pregunta gana por el 51% y el sí a la segunda por otro 51% se podría proclamar la independencia con muy poco más del 25% de los votantes. Y con un porcentaje mucho menor del cuerpo electoral (por la abstención).

No digo que fuera a ser así (aunque en ese sentido se han manifestado algunos proconsulta), sino que es aberrante la falta de transparencia sobre el método de cómputo. ¿Es por lo de la porcelana fina?

Además, se pide la consulta pero se quiere forzar la independencia. Lo vimos el pasado sábado en el Palau de la Generalitat, cuando muchos alcaldes fueron a entregar al president las mociones municipales (diversas y dispares) de apoyo a la consulta. Entonces, en pleno y solemne acto proconsulta, el grito coreado fue la independencia.

Y aquí flota la gran mentira. De mayúsculas. Dicen «volem votar», como si los catalanes careciéramos de derecho de sufragio. La realidad es que los de una determinada edad ya hemos votado -en elecciones catalanas y españolas- unas 20 veces desde 1977. Y en ninguna ocasión -al contrario de lo que pasó en Escocia en el 2011- ha ganado un partido (o una coalición) que se etiquetara como independentista.

Acotación final. Se dice que 900 municipios apoyan la consulta. Debe de ser de forma platónica, ya que hasta ayer (el plazo acaba el domingo) solo 220 de los 947 habían comunicado la lista de los lugares donde deberían ubicarse los colegios electorales. Y sin colegios electorales tampoco hay consulta.