Triste récord de España en fosas comunes

España es el segundo país del mundo con más fosas comunes, solo superado por Camboya. La afirmación es tan brutal como cierta, y produce vergüenza ajena. Una sensación de vergüenza que se transforma en indignación si se repara en que desde que el PP llegó al poder en el 2011 no se ha empleado ni un euro para encontrar esos enterramientos clandestinos que datan de la guerra civil y la represión subsiguiente. Una de las pocas promesas que ha cumplido Mariano Rajoy en su mandato ha sido la de no «dedicar ni un solo euro del erario para recuperar el pasado», como dijo en el 2008. La misma idea la volvió a repetir hace unos días en la entrevista con Jordi Évole en Salvados.

El concepto «recuperar el pasado» encierra la tremenda manipulación que el PP ejerce en este asunto tan doloroso para miles de familias. Porque los descendientes de los fusilados no tienen ningún afán revanchista, ni reclaman que se juzgue a los asesinos, ni piden ninguna indemnización, pese a las calumnias lanzadas en este aspecto por el portavoz del PP Rafael Hernando. Lo único que quieren es que se hallen -si es posible, porque en muchos casos no lo será- los restos de sus familiares para darles digna sepultura. Pues bien, para eso el Gobierno no tiene dinero. La asociación que vela por este asunto no ha recibido ni un euro desde que el PP gobierna, al contrario de la que ensalza el legado del dictador, la Fundación Francisco Franco, que obtuvo más de 150.000 euros de los gobiernos de José María Aznar. Recordar con halagos a Franco no es, por lo visto, «recuperar el pasado».

Rajoy y el PP han alegado también que la crisis económica no ha permitido cumplir con la ley de memoria histórica aprobada por el Gobierno socialista en el 2007. Pero la crisis ha servido, igual que en los recortes en educación o sanidad, para justificar una opción ideológica. La crisis puede explicar una disminución de las aportaciones, pero no el bloqueo absoluto de la ley, lo que obliga a las familias a acudir al amparo de otros países, como Argentina, para continuar la búsqueda y exhumar los restos. Como hemos visto recientemente, la aplicación de la ley de memoria histórica puede derivar en excesos próximos al ridículo -la eliminación de algunos nombres de calles, por ejemplo-, pero la apertura de las fosas nunca puede entrar en esa categoría, sino que debería ser una de las preocupaciones de un Gobierno decente.