De los 'tratos de favor' a la corrupción que no cesa...

El estallido público de nuevos casos decorrupción que, esta vez, alcanzan al Partit dels Socialistes de Catalunya y, sin perjuicio del resultado final de la investigación judicial, es muy preocupante. El momento siempre es inoportuno, sobre todo para los implicados, pero esta vez más. El pasado 23 de octubre se publicó la reforma de la ley de financiación de los partidos políticos del 2007. En ella se fija el presupuesto de este año para los "gastos de funcionamiento" y de "seguridad" de lospartidos con representación parlamentaria. Exactamente, 69.165.000 euros. Una suma elevadísima en relación con las partidas que se reducen drásticamente para los servicios públicos esenciales. ¡Qué contradicción!

Pero, vayamos por partes. Prestigiosos sociólogos norteamericanos hacen una distinción entre tres formas de corrupción, lablanca, lagris y lanegra. Depende de losfactores que concurran en cada una de ellas, la naturaleza de lasinfracciones legales, elperjuicio económico causado al erario público o, entre otros, el deterioro sufrido por las instituciones implicadas en ella. La denominada como negra es, en todo caso, delictiva. Y, precisamente, estos días, al tiempo de conocerse aquellos casos de corrupción, los medios han dado cuenta de ciertas decisiones políticas que han generado entre la ciudadanía dudas o, directamente, repulsa. Decisiones que, si bien no encajarían directamente en la corrupción negra, suscitan dudas sobre su legitimidad.

Adjudicadores y adjudicatarios

Es sabido que laConselleria de Territori i Sostenibilitat ha cedido la gestión deAigües Ter-Llobregat a la sociedadAcciona Agua, en un proceso más que discutido por la privatización de un bien tan esencial como el agua para la comunidad. La sociedadAgbar, disconforme con tal decisión, la ha impugnado. Pero concurre en este proceso un dato significativo y no irrelevante. Un alto cargo de la Generalitat, el presidente del Consell Asesor per al Desenvolupament Sostenible, órgano asesor de la Presidència, es desde el 20 de marzo de este añoFerran Rodés Vilá (1), quien a la vez es consejero desde el 4 de junio del 2009 de la sociedadAcciona, matriz de la sociedad adjudicataria. ¿Ha habido un trato de favor? ¿En qué zona de la corrupción estaríamos?

Simultáneamente, se ha sabido que laConselleria de Salut --el 'conseller'Boi Ruiz está pendiente de unaquerella por delitos, entre otros, de corrupción-- ha decidido, por vez primera en la historia de la sanidad pública catalana, adjudicar la gestión delCentro de Asistencia Sanitaria y siete consultorios deL'Escala(Girona), a la empresaEulen SAdurante 10 años por un importe de 24 millones de euros. Es una sociedad, propiedad de la familiaÁlvarez Mesquiriz, que, salvo su filialEuxa, dedicada a la atención de personas de la tercera edad, está calificada en el registro mercantil como "líder en España en prestación de servicios intensivos en personal" , "como gigante español en servicios" o especialista en "seguridad privada, limpieza y logística". Y, que se conozca, sus actividades principales son la explotación vinícola --Bodegas Vega Sicilia-- y ganadera --sociedadesValles del Esla y Neal--. Pese a ese particular perfil, encabeza el rechazable proceso de privatización de la sanidad catalana. ¿Por qué? Dicen que superó a laFundació Salut Empordà, actual gestora de dichos centros, en la calificación de los requisitos exigidos. Pese a que carece de toda experiencia en la gestión sanitaria. Ya veremos lo que hay detrás de esta discutible y brumosa decisión.

¿Para particulares o para el partido?

En este contexto, salta a la publicidad la corrupción ya citada, de la que, según los datos disponibles, no puede dudarse de su carácter delictivo. Siempre según esos datos, el Ayuntamiento de Sabadell, en los últimos dos años, durante los procedimientos de contratación de obra publica de su competencia, resolvía sobre las adjudicaciones, se entiende que a empresarios del sector, exigiendo cantidades previas de aproximadamente 120.000 euros, más una comisión ilegal sobre el coste total de la obra. Estaríamos ante delitos de prevaricación, cohecho y otros. De comprobarse los hechos --ya ha habido 12 detenciones y están previstas unas 25 inculpaciones-- es evidente su suma gravedad. Aún no se sabe si los beneficiarios de lascomisiones ocultas --solo naturalmente entre los partícipes-- son los políticos y funcionarios que intervenían en el procedimiento o elpartido al que pertenecen los implicados --elPSC-- como forma de su financiación ilícita.

Lo que resulta claro es que estamos ante un supuesto de corrupción negra. Muy grave, porque difumina la ecuación entre lasinstituciones y lalegalidad y las deslegitima ante los ciudadanos, ya demasiado cansados y decepcionados de unas Administraciones que solo merecen un duro reproche. Y es de especial gravedad proviniendo de un partido que impulsó y aprobó la ley 3/2007 de 4 de julio, de obra pública, que, complementando otras disposiciones estatales y autonómicas, pretende "asegurar que el modelo de contratación de obra pública garantice la libre concurrencia y la eficiente utilización de los fondos públicos", así como, entre otros objetivos, "transparencia y publicidad en el proceso de contratación e información de las adjudicaciones de los contratos". De comprobarse los actuales indicios sería además una traición.

El famoso 3%

Esta ley fue una consecuencia de la denuncia, entonces histórica, del llamado3% para afrontar el problema de la corrupción que subyace siempre en lacontratación pública. Es de sobra sabido que el 3% hace referencia al pago ilícito por los particulares a laAdministración de unacomisión que representa un porcentaje sobre el precio fijado en loscontratos administrativos, comisión que se abona como condición para obtener la adjudicación en perjuicio de los competidores o como forma oculta de beneficiar al partido político que controla esa esfera de la Administración, y que, además, encarece injustificadamente laobra o serviciocontratado.

El profesorCaciagli, analizando el caso italiano, afirmaba que estaba acreditada "la propagación del intercambio corrupto en todas las áreas de la intervención publica" en la economía y, particularmente, en las obras públicas, porque los procedimientos administrativos contenían factores inductores de la corrupción. En efecto, de nuevo han fallado los contrapesos y controles establecidos para evitar este intercambio de favores que crea un mercado ilegal entre los políticos, los burócratas y los empresarios. Fallo evidentemente calculado para garantizar la clandestinidad de los intercambios y que necesita de la complicidad --favorecida por la superioridad jerárquica-- de los responsables de dicho control.

La consecuencia ha sido una suma de decisiones y actuaciones ilegales --por violación de las normas--, ilegítimas --por antidemocráticas-- e ilícitas --por su carencia absoluta de criterios propios de laética pública. Como han expresado muchos especialistas, esta corrupción, posiblemente más que otras, es un ejercicio continuado dedeslealtad con los valores democráticos. Por todo ello, lo razonable sería que, los ya imputados,cesaran en sus cargos públicos.

Clientelismo, hijo del viejo caciquismo

En cuanto a la conducta que se atribuye al diputadoDaniel Fernández, de ser cierta, es indiciariamente un delito de tráfico de influencias. Pero es también preocupante que en el seno de la socialdemocracia catalana pervivan elementos propios de clientelismo, que es una forma modernizada de caciquismo, por el cual los que ocupan posiciones de poder político en un estrato superior se aprovechen de esa superioridad para cuestionar o anular decisiones ajustadas a la legalidad de los responsables públicos que están situados en un nivel político inferior. No es aceptable en modo alguno.

Qué razón tenía el jurista alemánJ. Rothcuando afirmaba: "La corrupción en todas sus variantes destruye silenciosa y eficazmente las instituciones democráticas" (2).

(1)Ferran Rodésés el principal accionista del diario 'Ara'.

(2)Alejandro Nieto, 'Corrupción en la España democrática'. Ariel,1997. Pág 264.

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