¿Tiene futuro el Estado del bienestar?

La respuesta de muchos ciudadanos a esa pregunta es afirmativa: es un derecho básico y una conquista social, «ha de tener futuro». Y, sin embargo, nos enfrentamos ahora con una restricción financiera que lo pone en peligro. Podemos echar la culpa a la señoraMerkel,a las políticas del Gobierno o a lo que queramos, pero el hecho es que el Estado del bienestar, tal como lo conocemos ahora, no es sostenible. No hay que desmontarlo, pero sí, al menos, reformarlo.

Y esto es importante también por otras razones. Una: tal como lo conocemos, nunca será sostenible, porque está planteado sobre la base de que todos tenemos derecho a todo, público, de calidad y ya. Así entendemos, por ejemplo, nuestro derecho a la sanidad -y un derecho que la sociedad no puede pagar no es tal. Otra: se presta a abusos. Por ejemplo, negarse a aceptar un empleo porque eso supone tener que renunciar a la prestación por desempleo.

Por supuesto, los recortes no son la solución. Pudieron serlo al principio, cuando había que demostrar urgentemente la voluntad política de reducir el déficit público, pero ahora ya no tienen sentido. Ahora hay que entrar en el terreno de las reformas: complicado y conflictivo pero necesario si queremos que nuestro Estado del bienestar siga siendo eficiente, justo y sostenible. Pongo aquí algunas ideas, para provocar el diálogo. Porque -y esta sería mi primera propuesta-, la reforma tiene que venir de un gran acuerdo social, más que político. Hay que tener en cuenta a todos, porque el Estado del bienestar está emparentado con todas las políticas sociales: educación, vivienda, pensiones, dependencia, sanidad, trabajo, fiscalidad¿

Y ya tenemos aquí otro criterio para la reforma: visión de conjunto, porque los problemas están relacionados entre sí. Por ejemplo, la pobreza infantil significa pérdida de capital humano (educación) y de empleabilidad futura (trabajo), y proviene del desempleo de los padres, de las familias desestructuradas y del difícil acceso a ciertos servicios sociales. No tiene sentido que una oficina dé becas para colonias, otra se ocupe del desempleo de la madre y otra de la pérdida de la vivienda, todas ellas trabajando cada una por su cuenta, peleándose por un presupuesto escaso. El beneficiario, no la oficina, debe estar en el centro.

Y necesitamos definir los criterios básicos justos y sostenibles. Yo diría que el primero es que la responsabilidad es del ciudadano, no del Estado; esto viene exigido por la dignidad de la persona. Responsabilidad significa participación en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas. Pero necesitamos el Estado del bienestar porque el ciudadano tiene problemas. ¿Qué hay que darle? ¿Todo? No: eso no es sostenible ni, como ya he dicho, justo. Me parece que el criterio debe ser la cobertura de riesgos importantes: si necesito un trasplante, eso me lo ha de dar la sanidad pública, pero las aspirinas me las he de pagar yo. Y también los riesgos que afecten a los demás, como el contagio por falta de vacunación.

Otro criterio: todos tenemos derecho, pero no todos tenemos el mismo derecho, porque no es sostenible ni justo. Por tanto, habrá que establecer prioridades no en función de preferencias políticas, sino de criterios objetivos: niños en situación de pobreza, ancianos sin recursos¿ Y habrá que comprobar el grado de necesidad. En Irlanda, la oficina que ayuda a los que no pueden pagar su hipoteca les pone condiciones del tipo de renunciar a la televisión de pago o vender el coche si tienen acceso al transporte público.

Luego están las condiciones que hemos de poner a los que ofrecen el servicio. Eficiencia y calidad: lo importante no es lo que se gasta, sino cómo ese gasto beneficia al usuario. Los proyectos deberán ser evaluados y, si no cumplen unos mínimos, habrá que modificarlos y, si conviene, cerrarlos. Pero eso entra ya en otro apartado, el de la reforma de la Administración pública. Algo que quizá también habría que revisar. Porque esos servicios los presta, sí, el Estado, pero también las organizaciones sociales, las familias, las escuelas, las instituciones religiosas y otras muchas. Ahora que falta financiación, ¿no convendría coordinar el trabajo de todos, para beneficio del ciudadano necesitado?

Hablaba de la necesidad de un gran diálogo social. Ya se ve que hay materia abundante. Y mucha experiencia: hay modelos excelentes en países avanzados, eficientes y muy sociales; no hace falta que inventemos la rueda. Sí que hace falta que nos sentemos a escuchar a los que sufren las necesidades, a los que tienen interés en ayudarles, a los que saben de estos temas, a los que tienen ideas innovadoras y -muy importante- a los que no piensan como nosotros. Porque la auténtica preocupación social no es patrimonio exclusivo de ningún colectivo o de ninguna ideología.