Solo debe ser ley si es justa
Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa. Un principio tan básico (otra vez Montesquieu) no debería ser difícil de entender y, sobre todo, de aplicar. Pero la prueba de que política y lógica no siempre van de la mano es la imagen de Joana Ortega e Irene Rigau subiendo las escaleras del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) para declarar como imputadas por haber cumplido un mandato del Parlament. Su delito: colocar las urnas para que los ciudadanos se expresasen. Tan fácil como dar respuesta a lo que la mayoría de los catalanes reclaman.
La Sexta hizo pública este martes una encuesta en la que un 65% de los catalanes se mostraban a favor de que se convoque un referéndum sobre la independencia. ¿Eso quiere decir que la mayoría apoya la secesión? No, significa que quieren que se les escuche y que su opinión sea vinculante. Pero el PP, que fue quien recurrió el proceso del 9-N ante la justicia (valiéndose además de la jerarquía de la Fiscalía General del Estado respecto a los fiscales catalanes); el PSOE, con su rechazo a una consulta, y C’s, también negando el derecho a decidir, no parece que estén dispuestos a reconocer el problema. Y ya veremos si tras el 20-D se ven obligados a intentar resolverlo con algo más que no sea un parche en el modelo de financiación.
Solo Podemos asume que Catalunya debería poder convocar una consulta, pero los catalanes, visto el resultado de las autonómicas, parece que no acaban de creerse a Pablo Iglesias. Todo lo contrario de lo que le pasa en el resto de España, donde seguro que esta posición no le ayuda a ganar el espacio perdido cara a las generales. Triste. Su candidato en las recientes elecciones, Lluís Rabell, estuvo, como centenares de personas, apoyando a las dos políticas. Como lo hicieron alcaldes de todos los colores, empezando por la de Barcelona, Ada Colau. Habrá quien interprete, desde una óptica centralista y equivocada, que Rabell, Colau o los líderes sindicales están dando oxígeno a Convergència. Quien lo crea así está en su derecho de pensarlo pero si algo ha demostrado la regidora barcelonesa es que a críticas a la gestión del Govern de Artur Mas pocos la ganan. Antes y después de tener la vara de mando municipal.
Lo suyo no es un apoyo a un presidente de la Generalitat, a una exvicepresidenta y a una consellera d'Ensenyament. Es una reivindicación de la democracia, de los derechos de los ciudadanos y, sobre todo, de la ley. Porque si la que hay no es justa, la obligación del legislador es cambiarla.
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