Señora Quintana, perdón

Habida cuenta de que nuestros representantes institucionales no se dignan a hacerlo, tendremos que tomar el poder los ciudadanos y pedir perdón a la señora Esther Quintana por la actuación de la policía que pagamos entre todos. Serán los jueces quienes dictaminen los culpables de provocarle una lesión tan grave e irreparable como destrozarle un ojo. Pero sí sabemos quiénes son los responsables de aquel operativo y, sobre todo, de la ocultación de  información sobre aquel asunto a los mandos, a la dirección política y al Parlament. Deben dimitir y sus superiores deben pedir disculpas.

La calidad democrática de la policía no se mide por la ausencia de abusos puntuales de determinados agentes sino por la capacidad de detectarlos y sancionarlos. Sin esperar a las sentencias judiciales. Los Mossos saben qué ocurrió con Quintana, como saben lo que pasó con Benítez.  Encubrirlo hasta que lo constaten los jueces no hace más que envilecer la imagen de la policía catalana y minar la confianza de la ciudadanía en los políticos. Mal asunto. Mejor, borrón y cuenta nueva.

Policía madura

Este episodio debería ser un punto de inflexión en la dinámica política y social respecto de los Mossos d'Esquadra. Una parte de la sociedad catalana confiaba en que un cuerpo de nuevo cuño no tendría los problemas habituales derivados de los excesos puntuales de algunos de sus miembros. Pero su despliegue como fuerza integral de seguridad ha significado un baño de realidad al que algunos de sus miembros han reaccionado con un exceso de corporativismo. Esta dinámica se acentuó en la segunda legislatura de los gobiernos tripartitos, cuando CiU decidió hacer oposición con el malestar del cuerpo policial. De regreso al poder, ese compromiso ha resultado ser un lastre político que ha impedido actuar con la suficiente contundencia en el caso Quintana y, posiblemente, en el caso Benítez. Los Mossos deberían ser los primeros interesados en aclarar los excesos que se pueden producir en casos puntuales. Forzar a los políticos a la defensa corporativa conlleva a medio plazo la pérdida del sentido de servicio público.