LA CLAVE

La prueba de fuego de Trias

ENRIC HERNÀNDEZ

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Quizá el Ayuntamiento de Barcelona se precipitase al desalojar a los ocupantes de Can Vies y al acometer el derribo del edificio, de propiedad municipal. Es más que plausible que el equipo de gobierno no calibrase las consecuencias que iban a acarrear sus actos, con el motín de las asociaciones cívicas de Sants y las protestas de muchos vecinos. Es seguro que, faltos de reflejos o de información, los Mossos no acertaron con el operativo de la noche del lunes, la primera de disturbios. Y es indiscutible que el conflicto de Can Vies, jalonado por la violencia callejera, se presenta como una prueba de fuego para el equipo de Xavier Trias, a un año escaso de optar a la reelección.

Afable y de talante dialogante, el alcalde ha superado tres años de mandato minoritario sin meterse en ningún jardín espinoso. Viejo zorro de la política, olisquea a la legua las emboscadas y con astucia las esquiva sin sufrir rasguño alguno. Si ejerció como trampero en la consulta de la Diagonal, aquella en la que Jordi Hereu sucumbió y consumió su declive, es lógico que Trias no se deje apresar por los cepos que le tienden sus rivales o la realidad cotidiana. Esta vez, sin embargo, no es seguro que logre salir del todo indemne.

Okupar no es escriturar

El maximalismo del colectivo de Can Vies, que esgrime los 17 años de okupación del inmueble como una suerte de escritura de la propiedad, no presagia una pronta solución. Ni tampoco los vaivenes del alcalde, que pasó de condicionar el diálogo al cese del «chantaje» violento a paralizar el derribo mientras ardían los contenedores. Fue un gesto hábil para minar el apoyo vecinal al irredentismo de Can Vies, pero los últimos altercados revelan que el conflicto está ya enquistado.

Entretanto, anotemos la reacción ante las algaradas de ciertos políticos y sus fieles voceros. Unos las esgrimen para eludir responsabilidades. Otros, lejos de condenarlas, recurren al ardid batasuno de rechazar «todas las violencias», como si ejecutar una orden judicial fuera lo mismo que quemar una unidad móvil. Y no pocos las afean no por principios, sino porque dañan el «proceso». Aquí, el conflicto ya no es vecinal, sino mental.