La piratería de los préstamos fáciles

Entre los perversos efectos que han generado estos largos tiempos de crisis destaca, por su extrema indecencia, la aparición de prestamistas sin escrúpulos que se aprovechan de personas acuciadas por las deudas. Numerosos chiringuitos financieros ofrecen en los medios e internet «dinero rápido y fácil» en condiciones tan abusivas que constituyen vergonzosos ejercicios de usura y estafa, con el agravante moral de golpear a familias atrapadas en una delicada situación económica. Un aluvión de personas estafadas están perdiendo sus viviendas por créditos, inicialmente ridículos, a manos de unos usureros que pueden llegar a pedir el 4.000% de intereses sobre el capital prestado o que aplican abusivas comisiones y seguros sobre el impago, que en ocasiones va acompañado de infames prácticas de coacción.

El fenómeno va en alza animado por el vacío regulador que lo envuelve y facilita. La ley del 2009 sobre el crédito no bancario dejó sin competencia de supervisión al Banco de España y la adjudicó a las autonomías, aunque sin dotarlas de medios ni de personal especializado. Además, el Gobierno incumple su obligación de permitir el acceso telemático para comprobar la fiabilidad del prestamista, mientras la Generalitat ha renunciado a crear el registro oficial de estas empresas. Ante semejante despropósito normativo, es de justicia exigir una rápida respuesta legislativa que ordene el sector e impida a los piratas seguir aprovechándose de los más vulnerables.