¿Peajes? Sí. ¿Extorsiones? No

El ministro de Fomento ha confirmado los peores presagios y ha dado por hecho el rescate de las autopistas en quiebra. Puede costará a los contribuyentes hasta unos 5.500 millones de euros, según cifras de Seopan. Una barbaridad que no tendrá ningún coste político para sus impulsores. Pero más allá de este desastres, que ya no tiene remedio, no hay que perder de vista que el 2019 vence la concesión de la AP-7 en el tramo Alicante-Tarrqagona y el el 2021 el tramo la Jonquera-Tarragona; las dos concesiones estatales gestionadas por Abertis. Visto que el estado se apresura a compensar a constructoras y bancos afectados por las radiales madrileñas quebradas, comienza a ser urgente que se aclare cuál es el futuro que se dibuja para la gran autopista del Mediterráneo, está sí muy rentable.

No renovar la concesión a la empresa que la gestiona actualmente no es ninguna garantía de abaratamiento del peaje. Si el Estado decide que una autopista rentable, como es la AP-7, puede servir para hacer caja y compensar la ruina de las radiales madrileñas, se mantendrá un situación de perjuicio grave aunque se gestione públicamente. Podría darse el caso de que el Estado acabe drenando recursos del bolsillo de los conductores de la AP-7 para hacer las paces y mantener inmaculada la orla de las autopistas ruinosas.

{"zeta-legacy-destacado":{"strong":"Ni un solo quil\u00f3metro\u00a0","text":"de las v\u00edas r\u00e1pidas tendr\u00eda que ser gratuito. Todos los conductores participar\u00edan en el coste del matenimiento"}}

Tampoco parece que tenga demasiado sentido mantener la concesión e los términos actuales. Es fácil entender que la AP-7 no puede seguir siendo el conejo de la suerte de las cuentas de Abertis en su negocio en España a costa de los que circulan.

Si por una vez el Gobierno español se decidiera a legislar teniendo en cuenta el interés general y no el de los lobis (ya sean privados, en forma de empresa concesionaria, ya sean políticos, en forma de baronías o graneros de votos), podría universalizarse el peaje en todas las vías rápidas (autopistas y autovías) del Estado.

Porque, si bien es cierto que un estado pobre tiene, supuestamente, otras prioridades que atender y parece justo hacer descansar el coste del mantenimiento de estas vías sobre las espaldas de sus usuarios, también los es que una cosa es pagar peajes y otra estar sometido a una extorsión injusta e irracional en función de lugar del estado donde se viva, que es lo que ya pasa. Y ¡alerta! Se corre el riesgo de empeorar.

Ni un solo quilómetro de las vías rápidas tendría que ser gratuito. De esta manera, todos los conductores estarían obligados a participar en el mantenimiento de la red independientemente de donde viven. La viñeta sería un mecanismo razonable para hacer efectiva esta medida. Cada año, los conductores -todos- pagarían la misma cantidad para poder circular por todas las vías rápidas españolas. Pagaría quien las utiliza, pagaría lo mismo al margen del lugar de residencia, el mantenimiento no se cargaría sobre quien no es usuario del servicio y el peaje sería infinitamente más barato y también más transparente al igualar los precios de toda la red. Cabe señalar que la fórmula serviría también para una hipotética Catalunya independiente.

La experiencia no invita al optimismo. Veremos cuando llegue la hora cuál es el lobi que se declara ganador. Apostemos.