Opinión | Editorial
La hora del 155
La aceptación del 1-O por parte de Puigdemont no deja más opción a Rajoy que la de intervenir la Generalitat
Los peores presagios se han cumplido: tras recibir por segunda vez una carta de Carles Puigdemont que no respondía a los requerimientos que le había transmitido, Mariano Rajoy ha puesto en marcha formalmente el mecanismo para aplicar en Catalunya el artículo 155 de la Constitución e intervenir la Generalitat. Con el apoyo explícito de las potencias de la UE cosechado ayer en el Consejo Europeo en Bruselas, y la estrecha colaboración del PSOE, Rajoy ha convocado para el sábado un Consejo de Ministros extraordinario para impulsar un paquete de medidas que pueden suponer la congelación de competencias y la sustitución de cargos del Govern. Se consuma con toda su crudeza lo que durante mucho tiempo fue uno de los eufemismos de los que está preñado el procés: el choque de trenes institucional. La víctima es el autogobierno de Catalunya.
Responsabilidad del Govern y de Puigdemont
Es la consecuencia directa de la deriva unilateral, fuera del marco legal constitucional y estatutario, de la Generalitat. Hay muchas causas y raíces políticas de esta crisis de Estado (a las cuales el PP no es ni mucho menos ajeno), pero si el 155 ha dejado de ser un oscuro artículo para ser una realidad es responsabilidad del Govern y de su presidente, Carles Puigdemont. En su misiva de ayer, el president por fin aceptó (aunque de forma oblicua) que el 10 de octubre no se declaró la independencia de Catalunya en el Parlament, aunque amenazó con hacerlo en caso de que el Ejecutivo pusiera en marcha los mecanismos del artículo 155, algo que Puigdemont sabía perfectamente que iba a suceder en caso de que decidiera seguir fuera de la legalidad. En la misiva, Puigdemont da por buenos los resultados del 1-O, un referéndum que no tuvo garantías democráticas (como indicaron los observadores internacionales) y que se convocó y se celebró al amparo de la ley del referéndum, primero suspendida y después considerada ilegal por el Tribunal Constitucional (TC).
La intervención debe ser quirúrgica y limitada en el tiempo, con las elecciones como objetivo
Son este texto y el de la ley de transitoriedad, aprobados ambos en las aciagas sesiones parlamentarias del 6 y el 7 de septiembre, los que sitúan fuera de la ley a la Generalitat, y a ellos apela, aunque sin citarlos, Puigdemont cuando asume los resultados del 1-O y cuando avisa de que puede enviar en cualquier momento dichos resultados al Parlament para una declaración unilateral de independencia (DUI). Ambos hechos –unas leyes ilegales o suspendidas por el TC y la amenaza de la DUI– no dejan más salida a Rajoy que impulsar el artículo 155. Así lo entienden dos de los tres principales partidos de la oposición y las potencias europeas, con Angela Merkel y Emmanuel Macron a la cabeza. De lo que se trata es de devolver a Catalunya a la legalidad y garantizar los derechos de todos los ciudadanos catalanes, no solo de aquellos que comulgan con el proyecto independentista.
Es crucial que el Gobierno no cometa errores
No hay precedentes de la aplicación de este artículo, así que es ahora responsabilidad del PP y del PSOE encontrar la manera de desarrollarlo de forma quirúrgica y limitada en el tiempo, de forma que se dañe lo menos posible el autogobierno de Catalunya y con la convocatoria de elecciones en el horizonte. Es crucial que el Ejecutivo no cometa errores como el de la represión policial del 1 de octubre, ni en los despachos ni en la segura movilización callejera que va a darse en Catalunya. En los próximos días, Catalunya se juega no solo sus instituciones de gobierno sino el bienestar económico y la paz social. El mero hecho de llegar a este punto es la constatación de un colosal fracaso político de aquellos líderes que tenían la obligación de representarnos e intentar, con buena fe y con la mente puesta en el bien común, resolver con las herramientas políticas y dentro del marco legal un problema que no debe dilucidarse ni en los juzgados ni en la calle. Son malos tiempos para el optimismo, pero el hecho de que la aplicación del artículo 155 requiera varios días de procedimiento legal hace imperativo un nuevo llamamiento a la responsabilidad de quienes con su temeridad nos han llevado hasta el abismo. Aún hay tiempo de regresar a la legalidad y de hacer política dentro de ella. Esa es la única salida posible a esta crisis.
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