Una conspiración de TBO

Casi nadie se acuerda, pero la creación en 2008 de la Oficina Antifrau (OAC) fue la propuesta estrella de ERC durante el tripartito. Los republicanos incluso amenazaron con romper el pacto con los socialistas si no se creaba. A la vista de sus pobres resultados, solo hace falta leer las memorias, ha resultado ser un fraude de oficina, incapaz de levantar ningún caso relevante. El problema es que un organismo que no es judicial sino de naturaleza administrativa, aunque actúe con independencia del Govern, no sirve para mucho. El magistrado Daniel de Alfonso fue elegido director de la OAC en 2011, a propuesta del 'president' Artur Mas, con el beneplácito del PP, por cierto.

Las conversaciones entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y De Alfonso, desprenden olor a podredumbre. Al ministro no se le puede reprochar que se interese por la corrupción en Catalunya, de incuestionable existencia, pero sí por lo que parece: desea perseguir a sus adversarios políticos utilizando los poderes del Estado. La dimisión es insoslayable, tanto por su doble moral en estos asuntos como por ineptitud manifiesta. El segundo protagonista demuestra ser un personaje turbio y un bocazas cuando se jacta de cosas que no ha hecho, como investigar la corrupción en la sanidad catalana (se la “hemos destrozado”, afirma).

Los adornos que envuelven el caso son de risa. Todos hablan de conspiración, pero es de TBO. Unas conversaciones grabadas en el despacho del propio ministro; seguramente mediante el móvil del propio De Alfonso y puestas en manos de 'Público' dos años más tarde vete a saber por quién. El director de un organismo catalán que solo depende del Parlament, pero que colabora de forma servil con Fernández Díaz (“considérame el cabo de tu ejército policial”, le dice) para perjudicar a los jefes del separatismo. Pero quien se beneficia ahora del escándalo es CDC y ERC. Unos trapos sucios de corrupción que no han sido judicializados porque, como se escucha en las grabaciones, no eran consistentes. Lo que demuestra que, conspiraciones aparte, nuestro Estado de derecho existe. La primera conclusión que se desprende es tranquilizadora: los éxitos en la lucha contra el yihadismo en España deben estar en manos de mandos policiales discretos y competentes, y muy poco de Fernández Díaz.  Celebrémoslo.

Los partidos separatistas se han alzado al grito de “conspiración”, “contubernio”, y “crimen de Estado”. Arengas y manifestaciones. Mas ha aprovechado para exigir que se anule la causa del 9-N contra él y otros 'exconsellers'. Se sienten víctimas de una conspiración. No es la primera vez que aluden a ella porque es un ingrediente esencial de la retórica populista. Pero visto el caso de cerca, se trata de una conspiración de TBO. A la española, o a la catalana, como prefieran. Que este domingo se reparta mejor suerte.