Un estudio sobre BCN y los cruceros

En cumplimiento del compromiso que adquirió en las elecciones, Barcelona en Comú, que gobierna el Ayuntamiento en minoría, se dispone a examinar el impacto adverso que tiene en la ciudad su condición de referente mundial del turismo de cruceros. El impacto favorable es evidente y espectacular:  un gasto anual de 257 millones de euros -según datos del 2013- que supone trabajo y riqueza para un segmento importante de la economía catalana: turismo, transporte, restauración, ocio... El anuncio de la auditoría ha creado cierta inquietud, aunque de momento expresada con sordina, entre los sectores concernidos, que temen actitudes apriorísticas por parte de los nuevos responsables municipales.

Gobernar es elegir, y es obvio que Ada Colau y su equipo están plenamente legitimados (si tienen la mayoría suficiente en el pleno) para adoptar las decisiones que estimen mejores para Barcelona. Pero no es imaginable que desde la plaza de Sant Jaume se formule una enmienda frontal a un modelo de éxito como es el de la relación entre la ciudad y los cruceros. En pocos años, Barcelona se ha encumbrado al primer puesto europeo y el cuarto del mundo en este tipo de turismo. La crisis no ha menguado el flujo de cruceristas, que en el 2013 llegaron a 2,6 millones, y aunque el año pasado descendieron muy ligeramente, este se prevé que alcancen los 2,5 millones, la mitad de los cuales pernoctan en tierra en la ciudad. Son los restantes, los que desembarcan en Barcelona durante unas pocas horas, los que crean la imagen de ocupación que nutre las críticas de algunos sectores ciudadanos hacia el turismo de cruceros. Críticas que, a su vez, impulsan el recelo que parece anidar en la iniciativa municipal de radiografiar el sector.

¿Contaminan los cruceros que llegan o salen de Barcelona? Sin duda, pero mucho menos que los automóviles, y además usan combustibles cada vez más eficientes. ¿Es muy masiva la presencia de cruceristas en la Rambla algunos días? Sí, pero otros muchos viajan a otros lugares de Catalunya. Cuantificar con precisión estos movimientos y estos costes medioambientales y proponer medidas correctoras razonables debe ser el objetivo del estudio, no llegar a conclusiones prefijadas de antemano que solo significarían un golpe injusto e innecesario a una actividad a la que es imposible renunciar.