El viejo truco de la lista más votada

La propuesta del presidente del Gobierno de reformar el sistema electoral municipal para instituir la elección directa de los alcaldes resulta inquietante, tanto por el momento en el que se formula como por el contexto político en el que se activa, si bien es cierto que ese cambio se enunciaba en el programa electoral -tan traicionado, el pobre- de los populares.

Mariano Rajoy anuncia que la reforma irá a las Cortes en septiembre y las elecciones municipales se celebrarán en mayo del año que viene. Es decir, el debate estará condicionado por la proximidad de una crucial cita con las urnas. Y será, además, imposible que el trámite parlamentario, si es que llega a producirse, quede al margen del ambiente de crisis del bipartidismo instalado en la sociedad española, especialmente después de las elecciones europeas y de la irrupción de Podemos.

No es una mala noticia que los populares se apunten a la regeneración de la política, pero resulta sospechoso que lo hagan en un aspecto que les beneficia tanto (que el alcalde sea por ley el de la lista más votada les daría muchas alcaldías que ahora peligran por los posibles pactos entre fuerzas de izquierdas) y que, sin embargo, estemos todavía esperando una reacción contundente ante la primera causa de la crisis del sistema: la corrupción y la falta de respuesta ante los casos judicializados, cuando no sentenciados.

Segunda vuelta

La democracia representativa se basa en que el gobierno de las instituciones responda de la manera más fiel posible a la voluntad del electorado. Por eso no está mal que se revise la fórmula de elección de los alcaldes. Y tal vez la introducción de una segunda vuelta sería más democrática y justa que la llamada prima de mayoría, por la cual la lista más votada pasa a tener mayoría absoluta. Ahora bien, si los diputados que negocien tal reforma van a hacerlo con el mapa de los municipios en una mano y las proyecciones electorales de su partido en la otra, la propuesta fracasará.

No será la primera vez. Recuérdese que en Catalunya, nuestros representantes en el Parlament nos deben una ley electoral desde hace 34 años. ¡Diez legislaturas!