Economía y corrupción, legado electoral

El Gobierno ha sacado lustre a sus previsiones macroeconómicas con un horizonte para los próximos cuatro años muy optimista que le permitirá vender en campaña electoral mensajes clave fabricados por el aparato como los que ya anticipó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría el pasado viernes tras el Consejo de Ministros: «Son las mejores previsiones para España desde antes de la crisis del 2007», «España lidera la reducción del desempleo en Europa» o «el cambio de ciclo de la economía ya es una realidad».

Con una velocidad de crucero del PIB del 3% de media entre el 2015 y el 2018, impulsado por el consumo privado y las exportaciones, pero también y sobre todo por factores externos a las competencias del Ejecutivo como los tipos de interés en el 0%, el manguerazo de Mario Draghi o el barril del petróleo en 60 euros, la economía es el gran legado, si no el único, del que puede echar mano el Partido Popular para hacer balance de la legislatura.

Con la herida del caso Rodrigo Rato todavía abierta en canal, la lista de los 715 defraudadores VIP oculta, las nada éticas consultorías del diputado popular Vicente Martínez-Pujalte, los otros casos de corrupción ya conocidos que azotan las filas populares y el aliento de Ciudadanos en el cogote, el Ejecutivo se aferrará a la economía como el gran bote salvavidas y rezará para que la inmoral, pero legal, amnistía fiscal del 2012 no le depare más sustos.

Y si bien es cierto que la economía ha entrado en la senda del crecimiento, los populares deberán responder a la pregunta de por qué la recuperación no se nota con la misma fuerza en la calle. La principal respuesta es la precarización del mercado de trabajo español. El Gobierno prevé la creación de 2,1 millones de empleos hasta el 2018, pero serán de peor calidad, con un mayor número de contratos temporales y jornadas por horas. Si se consideraran tan solo los empleos a tiempo completo, el número de empleos sería de 1,7 millones. Lo mismo ocurre con los empleos que se están creando ahora y de los que el Ejecutivo saca pecho.

No les sirven a muchos ciudadanos para llegar a final de mes. Y las causas son diversas y van desde la desconfianza de los empresarios en la recuperación hasta el aprovechamiento de una reforma laboral que abarata el despido, que debilita la negociación colectiva y que precariza el mercado de trabajo.

El Gobierno finaliza la legislatura habiendo aprobado una dura reforma laboral, pero sin haber hecho nada para mejorar la formación profesional ni tampoco la formación de parados y de empleados. Las personas son el futuro de un país. Pero el largo plazo no vende en la campaña electoral.