Ciencia en España: la ley y la realidad

Hace unas semanas, un panel de expertos organizado por la Comisión Europea a petición del Ministerio de Economía y Competitividad español hizo entrega al ministro de sus conclusiones sobre el estado de la investigación en España. Se trata de un diagnóstico y de unas propuestas que si se pusieran en marcha cambiarían de forma radical el panorama de la ciencia en España. El problema es que ya se han hecho con anterioridad desde diversos ámbitos, sin que haya habido ningún cambio en las estructuras y la financiación de la ciencia en España.

El comité de expertos formado por los servicios de la Comisión Europea se reunió con Luis de Guindos y la secretaria de Estado de I+D+i para entregar las primeras conclusiones del informe. La opinión de esos expertos comienza reconociendo que en España hay puntos de excelencia científica, pero que la calidad media es baja y que son necesarios cambios radicales y urgentes para que se produzca la investigación que permita que la ciencia que se hace aquí tenga el nivel suficiente y ayude a la economía del país de la forma que se necesita. Las conclusiones generales, que el ministerio ha hecho públicas, se resumen en diez puntos. Que es necesaria una acción rápida para actualizar el personal que hace ciencia en España, que está envejeciendo; que hay reformas de las instituciones que son críticas; que hay que evaluar lo que se hace y coordinar las actuaciones entre diferentes administraciones, y que hace falta más interacción con el sector productivo. Y, evidentemente, que hay que poner más dinero público en el sistema, pero de forma selectiva en relación con las reformas que se hagan.

Quizá hacía falta una mirada externa para confirmar lo que desde muchos ámbitos había sido analizado. En primer lugar, los expertos recuerdan que la investigación y la innovación deben estar en el centro del modelo económico de un país como España y que un nivel de gasto público suficiente es imprescindible. El hecho es que estos últimos años de contención del gasto la financiación de la ciencia pública se ha restringido a niveles dramáticos. El panel aconseja que, si hay incrementos de financiación, se dediquen a aquellos aspectos que se reformen. Y sobre todo, aconseja que se incorpore de forma urgente nuevo personal con un nuevo modelo de contratación y un sistema de promoción basado en una evaluación continuada. Pero todo esto, dice el informe, no se puede hacer sin reformas profundas que deben incluir evaluación, coordinación e innovación en relación con las empresas. En el informe final se presentan experiencias llevadas a cabo en diferentes países europeos y que podrían servir de ejemplo si se quisiera estimular la eficiencia del sistema de investigación y la colaboración con empresas innovadoras.

Estas propuestas contrastan con la situación real a la que se enfrentan los profesionales de la investigación en el día a día. Los actuales responsables de la ciencia en el Gobierno central han tenido trabajo para salvar el mínimo de convocatorias y pagar los sueldos en el CSIC. En el 2011 se aprobó, con el voto de todos los partidos, una ley de la ciencia que en teoría incluía algunas reformas pero que de hecho no ha completado ninguna. La realidad es que en la actualidad la presión administrativa sobre los investigadores es más fuerte que nunca. Ni una distribución efectiva de los recursos ni una relación flexible con el sector productivo es factible en estas circunstancias. No hay ni noticias de acciones previstas por la ley, como la creación de una agencia para gestionar los proyectos.

Otro de los temas de los que se habla en el informe es una coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas. Es un asunto  recurrente casi desde el momento mismo de la aprobación de la Constitución en 1978. El traspaso de las universidades y la falta de flexibilidad de las estructuras estatales han hecho que diferentes comunidades, con Catalunya y el País Vasco en primer lugar, desarrollasen algunos aspectos más urgentes, como la estructura de los centros de investigación o la contratación de personal. Alguien puede temer que hablar de coordinación en este momento solo podría significar un paso atrás en estas experiencias.

En términos generales, el informe identifica algunos de los problemas básicos de la ciencia en España y propone soluciones que han funcionado en otros países o que incluso han sido ensayadas en algunos lugares de la Península. Estos últimos años los responsables de la ciencia apenas han podido salvar los mínimos de supervivencia. De reformas no hay por ahora la más mínima noticia, y ni la ley que preveía alguna se cumple. Sería un error que este nuevo informe terminase en un cajón, en el que  encontraría un montón de otros que lo han precedido.