No busques más lejos

Si fuéramos sinceros, nos reconoceríamos a nosotros mismos que han fallado las estrategias para frenar los desahucios. La más honorable, que ha consistido en la resistencia ciudadana, sirvió para ayudar puntualmente y frenar algunos casos escandalosos. El apoyo solidario ha permitido encontrar acomodo para algunas familias, pero el proceso continúa a un ritmo demasiado alto como para confiarlo todo a la caridad colectiva. Lo más grave es que las medidas del Gobierno aprobadas en el Parlamento fueron lo que se esperaba, un lavado de cara sin demasiada trascendencia. La solución habría pasado por crear un fondo especial que, tras estudiar cada caso, pudiera ofrecer una solución sujeta a la vigilancia permanente que evitara el fraude y la inseguridad jurídica. Pero claro, hablamos de una medida que requería fondos. Y es algo estúpido hablar de economía de mercado sin tener recursos para modificarla cuando se convierte en depredadora. Una de las soluciones pasaba por encarar lo sucedido en los años del “España va bien” con ánimo correctivo. Corregir los defectos es la única estrategia para intentar no cometerlos en el futuro.

Sabemos que las soluciones radicales tienden a domesticarse cuando se topan con la realidad legal. Lo hemos visto en algunos países acuciados por su deuda externa. Por eso no hace falta irse a ejemplos recónditos. A su manera imperfecta pero tenaz, Estados Unidos ofrece un ejemplo de cómo afrontar estas situaciones que habría resultado válido para España. Hasta el momento, los bancos de Wall Street han tenido que pagar al Estado 130.000 millones de dólares como castigo a sus abusos hipotecarios. La última sanción ha recaído de nuevo sobre la agencia de calificación Standard & Poor’s, que llegó a un acuerdo con la autoridad para pagar más de 1.300 millones de dólares tras ser acusada de haber manipulado la nota de valores que venían respaldados por hipotecas de las que se dieron en llamar subprimes. La fiscalía norteamericana ha logrado este pequeño resarcimiento simplemente manteniendo desde la jefatura del Estado la decisión irrevocable de castigar a los culpables cuando se detectara un funcionamiento fraudulento del mercado libre. No valía culpar a la crisis de todo, como si fuera un fantasma que actuó mientras dormíamos.

En España resulta evidente, incluso para un profano, que gran parte del delirio hipotecario estuvo amparado en el funcionamiento engrasado de bancos de crédito y tasadoras supuestamente independientes. La complicidad de ambos propició que se entregaran hipotecas sin garantías, que se valoraran las propiedades a la medida del préstamo solicitado y que se recurriera en algunos casos incluso a formas de aval fraudulentas. Si el gobierno español hubiera puesto en marcha hace años una oficina judicial que estudiara los casos más escandalosos, hoy estaríamos hablando de multas millonarias para bancos y tasadoras que servirían para costear un fondo de emergencia que tratara con rigor cada caso familiar y sirviera para solucionar la vida de muchas personas. Cada vez que oímos los delirios y ensoñaciones, las medidas inútiles, pero también las fantasías quijotescas que se le tratan de vender a la gente, es conveniente reparar en que tenemos las instituciones y las leyes necesarias para solventar nuestros problemas, que apenas tenemos que inventar recetas milagrosas, sino que hubiera bastado con poner a funcionar la decisión política y judicial con determinación para corregir los fraudes de mercado.