Berta Cáceres, una mujer asesinada por defender a su gente

El 3 de marzo del 2016 Berta Cáceres fue asesinada en La Esperanza, Honduras. Hace unos días visité el lugar y a su madre, hija y hermanos. Una familia con dolor aunque sin miedo.

Berta era una activista que defendía el derecho de los indígenas a la tierra y al agua. En su lucha denunció 49 proyectos hidroeléctricos por incumplir el Convenio 169 de la OIT que exige el consentimiento previo, libre e informado de la población indígena, antes de aprobar cualquier obra que afecte a su medio natural y vital. Uno de ellos fue el proyecto 'Agua Zarca' que la compañía hondureña DESA pretende realizar en territorio del pueblo lenca.

EN LA CLOACA

Indagar en el caso es sumirse en la cloaca. La peor combinación de codicia, corrupción y violencia impune. Berta fue perseguida y amenazada antes de su asesinato, que fue precedido por los de otros cinco activistas de su entorno. Se le negó la protección que requería. Se puso a Berta en la diana por denunciar lo ilegal.

La inesperada presión internacional forzó la detención de los autores materiales del asesinato, cuatro militares y un empleado de DESA. Quienes planearon su muerte siguen libres, ideando más dolor a cambio de dinero.

Sin embargo, recientemente hemos asistido a dos hechos positivos. Por un lado los inversores internacionales del proyecto 'Agua Zarca', el banco holandés FMO y el finés FinnFund, se han retirado.  Gracias, activistas, por vuestra presión.

ILEGALIDADES E INFLUENCIAS

Por otro lado,  la misión de la OEA en el país ha abierto una investigación por la maraña de ilegalidades y tráfico de influencias que están detrás de la concesión de 'Agua Zarca' a DESA. Parte de los hechos se incluyen en un informe encargado por la madre de Berta, Austra Berta Flores Cáceres, realizado con el apoyo de Oxfam,  donde se ahonda en el contrato y se recogen las "inversiones sociales" de DESA en las comunidades lencas. 500.000 euros en alimentos, piñatas para niños y mochilas escolares. Empresas que capturan por décadas una renta cientos de veces mayor y que pretenden comprar voluntades con miserables regalos a la población, cuyo derecho a la alimentación y la educación debería ser cubierto por el Estado, que no lo hace por desidia y porque la renta se la quedan empresas como DESA.  Todo cuadra.

La cruda realidad es que si asesinaron a una figura conocida como Berta, la desprotección que sufren activistas anónimos en todo el mundo les hace vulnerables al acoso y la violencia. En el 2015 fueron asesinados 122 defensores de derechos humanos en América Latina. Se oponían a proyectos mineros, energéticos, al acaparamiento de tierras. La mayoría de estos crímenes quedan impunes: en México el 98%, en Colombia solo seis de 219 asesinatos han tenido sentencia judicial.

Y seguirán matando hasta que se fuerce a la industria extractiva a cumplir la ley y primar a la población. Digo forzar, no esperemos pasos voluntarios que impidan maximizar el beneficio. Mientras tanto, los Estados tienen que cumplir con su responsabilidad de proteger a las defensoras y luchar contra la impunidad. Y si no es así, no lo duden, seguiremos denunciando la violación de derechos humanos y la cultura de la muerte.