¿Mejorar la gobernanza universitaria?

Sobre las universidades españolas pesan hoy dos amenazas: los bien conocidos recortes presupuestarios ya en curso y, menos conocidas, pero igualmente letales, las propuestas de reformar su gobernanza. ¿Gobernanza? ¿Y eso qué es? ¿Se trata de recuperar la vieja palabra castellana del siglo de oro como sinónimo de gobierno? Ni hablar: se piensa, y se proponen, tres bloques de propuestas:

SBltMejorar la interacción entre universidades y empresas (rentabilización económica de las investigaciones, educación con contenidos más prácticos y aplicables, etcétera).

SBltDar entrada al mundo empresarial en la dirección de las universidades (más allá de su actual presencia en los consejos sociales de las universidades públicas).

SBltReducir el componente deautogobierno democrático característico de las universidades occidentales (y resumido en nuestra Constitución con la expresión «autonomía universitaria»).

Los argumentos son familiares: es preciso mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos que las nutren; hay que agilizar su funcionamiento interno para hacerlas más eficaces y reducir sus costes; hay que aproximarlas a las necesidades y demandas sociales. En otras palabras, estamos hablando de lagovernance, en el sentido utilizado por el Banco Mundial.

El núcleo del argumento es que las ineficiencias de las universidades se deben a que no se pueden gobernar bien, porque la acción de sus gobernantes (los rectores) se ve frenada por una lógica interna corporativista que reclama participación e inacabables discusiones, y porque la sociedad está poco presente en la toma de decisiones y su ejecución.

Ahora bien, la experiencia reciente no confirma que haya déficit de gobernabilidad en nuestras universidades. De acuerdo con que hay timideces, retrasos y decisiones miopes, pero la capacidad de gobierno de los rectorados está fuera de duda. Incluso para mal: nada ha impedido en los últimos años que se hayan aprobado decisiones arbitrarias, doctorados honoris causa injustificables, edificaciones caprichosas o largas indecisiones (como la difícil adopción del plan Bolonia, las decisiones sobre nuevas facultades o sobre cerrar o no cerrar estudios sin alumnos).

De modo que un poco de problema sí lo hay. Pero esperen un momento: tal vez algunas de esas decisiones implican también la actuación de las autoridades políticas, ¿verdad? Hagámonos entonces esta pregunta: ¿cómo se comportan las autoridades políticas superiores, sean de Madrid o de Barcelona? Y esa mirada muestra un panorama desolador. Limitémonos al siglo XXI: desde el año 2000, y en solo 11 años, las universidades españolas hemos tenido seis ministros, hemos estado insertas en cuatro esquemas ministeriales distintos y hemos estado sujetas a tres leyes generales sucesivas. Añadamos ahora la Generalitat: cinco responsables políticos distintos (aunqueMas-Colell lo haya sido en dos etapas), un par de leyes propias y apaños gubernamentales variados: con Educació, con Indústria, ahora con Economia¿

En otros ámbitos es igualmente manifiesto que la acción de los gobiernos no ha dirigido efectivamente el sistema universitario. La política de creación o mantenimiento de facultades universitarias, o de titulaciones concretas, no es decisión de las universidades, sino de las autoridades gubernamentales superiores.La política de precios (tasas, becas, etcétera) es igualmente decidida en ámbitos suprauniversitarios.

Podríamos seguir enumerando, desde las dudas sobre el esquema de Bolonia hasta los incumplimientos presupuestarios, pero creo que el mensaje es claro: el marco en que se mueven las universidades españolas ha venido siendo un marco inestable, con giros bruscos e inexplicables, y no ha garantizado ni la eficiencia gestora, ni la solidez institucional ni la capacidad de previsión presupuestaria necesarias para una buena gobernación. Por decirlo brevemente: seguramente hay un problema en el gobierno de las universidades; pero el grueso del problema no ha estado en ellas, sino en los gobiernos.

¿Se puede hacer algo? Lo más importante es combatir la tentación de hacer algo a toda costa: es esencial un compromiso de no hacer una nueva ley de universidades en un plazo razonable (digamos, los próximos 20 años). Estaría bien, además, que las autoridades políticas elegidas asumieran las decisiones sobre la viabilidad de la oferta de estudios sin suficiente demanda social y garantizasen que las universidades sepan con certeza cuál es su horizonte presupuestario (claro u oscuro, esto es ya casi indiferente, pero que se conozca con antelación y de modo fiable cuál va a ser la futura evolución presupuestaria).

Seguramente la mayoría de los universitarios desearíamos un aumento de nuestros presupuestos, pero no somos tontos ni insolidarios y sabemos que eso va a ser imposible por una larga temporada. Pero sí aspiramos, y con toda legitimidad, a que se nos deje tranquilos, a poder trabajar correctamente y a gestionar con continuidad: que las autoridades políticas funcionen con la misma lógica, y la gobernanza universitaria mejorará. Sin duda.

*Catedrático de Ciencia Política de la UAB.