EDITORIAL: 'Callejón sin salida para el Estatut'

Ala quinta tampoco fue la vencida. El quinto borrador del Tribunal Constitucional (TC) sobre la sentencia del Estatut pasó ayer a mejor vida. El texto de la ponente progresista Elisa Pérez Vera fue votado y derrotado por una mayoría conservadora de 6 a 4. En consecuencia, el tribunal nombró a otro ponente, el vicepresidente Guillermo Jiménez, encargado de redactar el sexto proyecto de sentencia.

Jiménez es un magistrado adscrito a la franja más templada del sector conservador. De ahí que los partidarios de sacar adelante la sentencia intentasen conseguir su voto. No lo lograron para una ponencia que aceptaba los símbolos nacionales y el deber de conocer el catalán y rechazaba los capítulos de la justicia y el defensor del pueblo. Parece claro, pues, que el texto que redactará Jiménez será aún más contrario al Estatut aprobado por el Parlament, retocado en las Cortes y ratificado por los catalanes en referendo. Pero será tan difícil o más que obtenga una nueva mayoría.

Jiménez es, además, uno de los cuatro magistrados cuyo mandato está caducado desde hace dos años, con lo cual, al despropósito de llevar casi cuatro años sin resolver el recurso del PP –se cumplirán en julio–, se suma que la nueva ponencia será elaborada por un magistrado que sigue en el tribunal de prestado. Si el texto rechazado ayer tardó cinco meses en estar listo, y ahora ocurre otro tanto, el TC puede verse impelido a sacar una sentencia en noviembre, cuando ocho de sus 10 integrantes –incluida la presidenta–hayan finalizado ya su mandato.

Emitir en esas condiciones una sentencia que, además de abordar problemas jurídicos, afecta a un pacto político entre Catalunya y el Estado sería un despropósito aún mayor que el cometido hasta ahora. Por eso, la única salida honorable que queda –si es que queda alguna– es que el actual TC renuncie a dictar sentencia, se elija un nuevo tribunal con la legitimidad renovada y sea este el que encuentre, si puede, la puerta de este callejón sin salida.

La responsabilidad se traslada ahora a los partidos, que pactaron una forma de elección del tribunal que luego son incapaces de cumplir. El PSOE y el PP no pueden dejar pudrir más la situación y deben demostrar su sentido de Estado y renovar de una vez una de las instituciones básicas del sistema democrático. Y, como hace el Govern sin que tiemble el edificio institucional, el Gobierno debe desarrollar mientras tanto la parte que le toca del Estatut.