Lecciones de Badalona

Miles de funcionarios públicos trabajaron el Día de la Hispanidad, pese a ser festivo. Lo hizo el personal sanitario que atendía las urgencias en los hospitales y ambulatorios públicos. Y los policías y guardias civiles que tenían guardia asignada. Y los militares que desfilaron por Madrid para conmemorar la Fiesta Nacional. Y hasta los empleados de la Zarzuela que abrieron las puertas del Palacio Real para que las autoridades del Estado, ejerciendo su función institucional, laboraran en jornada festiva para conmemorar el 12 de octubre.

Otro tanto hizo el juez de guardia de Badalona al abrir una causa por desobediencia contra los concejales que, en abierto desacato de una resolución judicial, abrieron las puertas del Ayuntamiento. Al romper en mil pedazos el auto del juez, el teniente de alcalde de Guanyem Badalona, José Téllez, hizo ostentación de un acto de rebeldía que sin duda tendrá consecuencias jurídicas. Aun así, el esperpento está servido desde el momento en que algunos políticos pueden hacer política en fiestas de guardar y a otros se les persigue por hacer exactamente lo mismo, pero con motivaciones opuestas.

La instantánea reacción judicial y la polvareda política que ha levantado el desafío municipal de Badalona ha ensombrecido, sorprendentemente, unos hechos colaterales que revisten particular importancia con vistas al devenir del proceso soberanista en Catalunya.

EL 'MACROPUENTE'

Una decena de funcionarios del área de Servicios Sociales acudieron el 12 de octubre al Ayuntamiento de Badalona para abrir las dependencias como en un día cualquiera. Eso sí, a cambio de tomarse libre el próximo 9 de diciembre, y así disfrutar de un 'macropuente' a lomos de la muy española festividad de la Constitución. Informados del riesgo judicial que asumían, todos ellos regresaron a casa.

Del episodio de Badalona cabe extraer dos lecciones. La primera, que el Estado actuará sin piedad contra los políticos que desobedezcan a la justicia convocando un referéndum unilateral de independencia (RUI). Y la segunda, que pocos funcionarios se expondrán a perder el empleo, por alta que sea la recompensa. Tomemos buena nota.