La Eurocámara, contra la indemnización al Castor

El pleno del Parlamento Europeo censuró ayer el papel jugado por la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en la financiación del proyecto Castor y urgió a ambas instituciones a adoptar medidas para frenar la indemnización de 1.300 millones de euros concedida por el Gobierno español a la concesionaria Escal UGS, controlada mayoritariamente por la empresa ACS. Se trata de una reprobación política en toda regla recogida en el informe anual de actividades del BEI relativo al 2013, aprobado ayer.

La denuncia, promovida por el eurodiputado de ICV Ernest Urtasun, salió adelante con 350 votos a favor, 263 en contra y 28 abstenciones. «No creo que puedan dejar que el caso Castor termine como pretende el Gobierno español, haciendo pagar a los ciudadanos españoles. El BEI tiene que tener más implicación en los proyectos que financia», reivindicó durante un debate en el que también recordó que el proyecto no respondía al interés común, tuvo una «pésima evaluación ambiental» y se paralizó tras registrarse más de un millar de terremotos. Igual de crítica se mostró su colega de Izquierda Unida Paloma López. «Nos preocupa que iniciativas especulativas como este proyecto acaben generalizándose con planes como el de Juncker», advirtió. También el socialista Jonás Fernandez cargó contra el abortado almacén submarino de gas.

INVESTIGACIÓN / Preocupaciones que quedaron finalmente reflejadas en el informe del BEI. Para empezar, la Eurocámara urge a las instituciones europeas a actuar para «evitar que los ciudadanos españoles tengan que abonar, bien mediante un déficit público más elevado bien mediante el aumento de los costes de la energía, 1.300 millones de euros en compensaciones por un proyecto que estuvo precedido por una evaluación desastrosa».

Además, insta a la Comisión Europea a tener en cuenta las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo. Es decir, pide una investigación para determinar si las decisiones del Ejecutivo de Mariano Rajoy sobre el Castor «pueden considerarse ayuda estatal prohibida». Y, por último, la Eurocámara lamenta el papel desempeñado tanto por el Ejecutivo que ahora lidera Jean-Claude Juncker como por el BEI por haber financiado un proyecto cuya evaluación de riesgos «no tomó en consideración el riesgo de aumento de la actividad sísmica vinculado a la inyección de gas» pese a que había estudios que alertaban «claramente de los peligros potenciales de esta operación».

Al voto ayer en Estrasburgo acudieron varios representantes de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sènia, a quienes Urtasun agradeció su presencia en la tribuna y cuyas quejas transmitió durante su intervención ante el pleno. El eurodiputado de ICV afeó muy especialmente la falta de respuesta dada a las quejas presentadas por esta entidad ante el organismo de reclamaciones del BEI. «Esperamos que atienda ahora a las recomendaciones que le hace el Parlamento Europeo», reivindicó.