2017: Empecemos por ganar credibilidad

El primer gran reto de la economía española para el año que ahora comienza será el de ganar credibilidad, tanto en la capacidad de cumplir los compromisos de reducción del déficit público como en el de mantener unas tasas de crecimiento que permitan afrontar sus notables desequilibrios (paro, endeudamiento...).

Con respecto al primer punto (reducción del déficit) los presupuestos para el año 2017 prevén alcanzar el 3,1% del PIB, es decir, 1,5 puntos menos que en el 2016 que, previsiblemente, se cerrará con un 4,6 %, muy lejos por tanto de los deseos de Bruselas (3,9%), que ha visto con preocupación cómo España ha estado un año ejerciendo en funciones y, por tanto, con muchas limitaciones para llevar a cabo medidas destinadas a cuadrar las cuentas públicas y corregir los defectos estructurales de la economía española.

La consecución del objetivo de déficit representa un ajuste de cerca de 8.000 millones de euros, que el Ejecutivo prevé obtener básicamente de la partida de ingresos y, muy concretamente, de los impuestos especiales y del de sociedades. De hecho, la economía española tiene un importante reto en el ámbito de la recaudación. Según Eurostat, en el ejercicio del 2015 para el conjunto de impuestos y de la Seguridad Social se recaudó casi siete puntos menos que la media de la zona euro (34,6 del PIB frente a 41,4). A pesar de considerar el impacto del ajuste salarial a la baja que ha provocado la crisis y la existencia de un porcentaje de economía sumergida probablemente más alto que los países con los que compartimos moneda, la distancia refleja un sistema fiscal con importantes distorsiones. Poner el foco en el impuesto de sociedades se explica por la diferencia entre sus tipos efectivos y los tipos nominales, muy especialmente en las grandes empresas que tienen la posibilidad de aplicar un conjunto de deducciones y bonificaciones que finalmente reducen su imposición.

Ojo a los vientos de cola

Aunque se prevé que el ajuste descanse mayoritariamente en los ingresos, los gastos también se verán afectados, en especial si alguno de los llamados vientos de cola, es decir, el mantenimiento de unos tipos de interés y de un coste de la energía anormalmente bajos y una cotización del euro competitiva, varían negativamente. Ni que decir tiene que, en una economía muy endeudada (la deuda pública supera el 100% del PIB) y energéticamente dependiente, un movimiento al alza de los tipos de interés y del precio del petróleo, aunque fuera moderado y gradual, pondría en riesgo el objetivo de crecimiento para el 2017 del 2,5%, que impactaría en la recaudación y por tanto obligaría a reforzar el ajuste por la vía del gasto.

Atendiendo a la experiencia de estos últimos años, además de la reducción de las partidas de carácter social, esta situación representaría incrementar la distancia que en I + D + i se ha producido en la economía española en relación a las economías más competitivas, pues la previsión actual está todavía un 35% por debajo de la que se anotaba el año 2009. Es decir, prácticamente durante una década la influencia del sector público en las ganancias de competitividad habrá sido muy baja.

En relación a la competitividad de la economía española, puede argumentarse de todos modos la favorable evolución de las exportaciones, que han mantenido durante los años de crisis su peso dentro del comercio mundial. Este hecho no puede ocultar, sin embargo, uno de los grandes retos que en un plazo no muy lejano tendremos que afrontar como sociedad, que es la enorme dualidad del mercado de trabajo español con unas tasas de temporalidad y de paro que duplican la media europea , y el duro proceso de ajuste salarial que, en algunos sectores, alcanzan unos niveles impropios de una economía desarrollada. El cambio de modelo productivo, en el sentido de que las ganancias de competitividad no vengan motivados esencialmente por la devaluación interna de los salarios sino por la tecnología, no es un proceso corto y, por tanto, habría que establecer cuanto antes las bases para una economía de futuro.

Con toda seguridad, uno de los ejes centrales del 2017 será el de la reforma del sistema de pensiones, probablemente uno de los más urgentes que tenemos planteados como sociedad. Del déficit público global previsto (3,1% del PIB), más del 45% corresponde a la Seguridad Social (1,4% del PIB), por lo que ya a corto plazo es insostenible el desequilibrio actual, más aún en un entorno como el que resumidamente se ha descrito en las líneas anteriores.

Las finanzas autonómicas

Junto con el sistema de pensiones, otro gran protagonista del año será la reformulación del sistema de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA), que debería haberse efectuado hace tres años. El incumplimiento en la revisión del modelo resulta ciertamente de difícil comprensión y afecta muy negativamente a las finanzas de la Generalitat y en consecuencia su capacidad para incidir en la economía catalana y en sus problemas sociales. Sobre los efectos distorsionadores del actual modelo existe bastante unanimidad entre los expertos, no así en los criterios para superarlos y que deben dar lugar a una nueva formulación del modelo.