La reunión de las ministras de Exteriores de Colombia y Venezuela acaba sin acuerdo

La reunión entre las ministras de Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, y de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebrada ayer para abordar los efectos de la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de cerrar parte de la frontera y frenar la ola de deportaciones terminó sin los resultados esperados.

Caracas se negó por ahora a levantar el estado de excepción en Táchira y dar por concluida la medida que impide el libre paso de un país a otro. Si el encuentro no terminó en un completo fracaso es porque ambos Gobiernos se comprometieron a colaborar en resolver aspectos que desencadenaron una crisis que encendió las alarmas regionales, al punto de que la UNASUR pidió el fin de las expulsiones.

Hay acuerdos en cómo combatir en la zona fronteriza el contrabando de alimentos y combustible. Los Gobiernos informaron que 247 personas han sido detenidas y acusados de comercio ilegal y  paramilitarismo. Como parte también de los acuerdos, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, acompañará a cientos de esas personas expulsadas a buscar las pertenencias que tuvieron que dejar en Venezuela.

“De la línea de cooperación con Venezuela no nos va a sacar nadie”, dijo Holguín la terminar el encuentro en la ciudad de Cartagena. “El cierre de la frontera no es el camino para combatir el contrabando”, dijo la ministra colombiana.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tomó sus drásticas decisiones políticas después de una supuesta incursión en la población de San Antonio de paramilitares o contrabandistas colombianos. Se deportaron a 1071 colombianos. Las consecuencias del cierre fronterizo han provocado trastornos a medio millón de personas en la ciudad colombiana de Cúcuta.

RECONSTRUIR LA FRONTERA

“Tenemos que reconstruir la frontera, que sea productiva en base al trabajo, a la honestidad, a un comercio justo, sano, donde como pueblos hermanos nos ayudemos en solidaridad, tenemos que liberar la frontera de todos los vicios y maldad para que sea una frontera de prosperidad y seguridad para las familias”, dijo anoche Maduro.

El presidente venezolano dijo que se vio obligado a tomar medidas. “A veces llegan momentos difíciles donde hay un conflicto como este que nadie quiso, nadie puede querer, fue una obligación”.

Para su colega Juan Manuel Santos, el modo en que los colombianos fueron deportados no dejar de ser una cuestión irritante. “Muchos han dicho que su testimonios sobre los deportados no son ciertos, pero esto es lo que me han contado”. Santos fue enfático: “ellos no son ningunos paramilitares, son familias pobres y humildes que lo único que quieren es que los dejen vivir y trabajar”. El presidente viajó a Cúcuta y habló con deportados. “Tengo la obligación de protegerlos de todo tipo de abusos. Entendemos su dolor. Su indignación. Es la misma mía”. Santos anunció  la creación de 2.300 empleos en esa ciudad afectada por el cierre fronterizo.

DENUNCIAS INTERNACIONALES

A pesar del malestar, el presidente dijo que “Alzar la voz y subirle el tono a la confrontación no ayuda a solucionar la situación”. Para aplacar los pedidos internos de una mayor dureza frente al vecino, el Gobierno resolvió llevar el problema a los foros internacionales. El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado presentará un informe ante la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alegando de que ha habido un “ataque contra la población colombiana en la frontera”.