Cameron encabeza una ofensiva contra la inmigración a Europa

El Reino Unido quiere convertirse en el peor destino para los inmigrantes. Esto es lo que dijo ayer el secretario de Estado de Inmigración británico, James Brokenshire, quien confesó que la intención del Gobierno es crear «un ambiente hostil» para los 'simpapeles' que se encuentren en suelo británico. En una entrevista para 'The Times', Brokenshire ratificó que el Gobierno tiene lista toda la maquinaria para acabar con los empresarios deshonestos que contraten a trabajadores ilegales. «Los empresarios deshonestos que den trabajo a inmigrantes ilegales están negando el trabajo a los ciudadanos británicos y a los inmigrantes legales y ayudando a bajar las nóminas», expresó el secretario de Estado.

«La experiencia nos dice que los empleadores que estén dispuestos a no seguir las leyes de empleo también rompen las normas de salud y de seguridad y no están pagando impuestos suficientes», explicó. «Es por esto que en nuestro nuevo enfoque vamos a utilizar toda la fuerza de la maquinaria del Gobierno para golpear desde todos los ángulos y acabar con la injusta ventaja de la que disfrutan aquellos que emplean inmigrantes sin papeles».

LEY DESPUÉS DEL VERANO

Las contundentes declaraciones de Brokenshire se producen una semana después de que el Gobierno publicara la ley de inmigración que se espera que sea aprobada en el Parlamento después de las vacaciones de verano y que entre el vigor a partir de otoño.

Además de las medidas contra los empresarios, la nueva ley convertirá en delito albergar a inmigrantes ilegales y en delincuentes a los caseros que les den alojamiento. El Gobierno quiere acabar con los pisos patera y obligará a los caseros a comprobar el permiso de residencia de sus inquilinos y a expulsar a los que no tengan papeles. Las penas para empleadores y caseros irán desde importantes multas económicas hasta los cinco años de cárcel.

Otra de las polémicas medidas que quiere aplicar Gobierno es la eliminación de las ayudas de 36,95 libras (52 euros) que reciben las familias de las personas a las que se les ha denegado asilo pero siguen en el país a la espera de ser deportados. El número de peticiones de asilo fue el año pasado de 31.000 en el Reino Unido por las 202.000 que recibió Alemania, según Eurostat.

Calais se ha convertido en un punto caliente de la inmigración en Europa y se calcula que cada semana tratan de entrar en el Reino Unido, a través del Eurotúnel, escondidos en camiones y trenes, más de 3.000 inmigrantes clandestinos. El Gobierno británico se ha mostrado inflexible ante la situación. Amnistía Internacional (AI) calificó ayer de «vergüenza» el hecho que el ministro de Exteriores británico, Phillip Hammond, llamara «merodeadores» a los inmigrantes de Calais.

LA UNIÓN EUROPEA

En unaspolémicas declaraciones realizadas este fin de semana, Hammond dijo que los «inmigrantes procedentes de África amenazan el estándar de vida de la Unión Europea (UE) y su estructura social» porque a la UE le resulta insostenible asumir la presencia de miles de personas en busca de una vida nueva. Hammond calificó de «crítica» la situación en el paso de Calais.

Según Hammond, la prioridad número uno del Gobierno es enviar de vuelta a sus países a todos aquellos inmigrantes que se encuentren sin papeles en suelo británico. Considera también prioritario «mejorar la seguridad física del túnel» y cooperar con Francia. El representante de la ONU para migraciones, Peter Sutherland, ha criticado también duramente la falta de humanidad en la respuesta británica a la situación en Calais.

Una de las prioridades del primer ministro, David Cameron, es reducir la importante inmigración hacia el Reino Unido y terminar con la imagen que se tiene en el exterior de que es muy fácil encontrar trabajo en el país y de que la legislación contra la inmigración ilegal es blanda. Considera que es una de las razones por las que sueñan con cruzar la frontera los inmigrantes de Calais.

Cameron también se ha mostrado muy contundente con los trabajadores de otros países de la UE que van al Reino Unido, les ha limitado el acceso a los subsidios y la sanidad y amenaza con deportarlos si están seis meses sin trabajar, algo que chocan contra los derechos de los ciudadanos europeos. La principal petición de Cameron al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, antes del referéndum del 2017, es el control de sus fronteras y el control de la inmigración.