Unas cuentas restrictivas y poco sociales

El Gobierno de Mariano Rajoy ha presentado unos presupuestos que ni son expansivos ni son sociales. El límite del gasto del Estado este año será inferior en 5.000 millones al del 2016, es decir, no hay más dinero disponible. Además, las cuentas incorporan las subidas del impuesto de sociedades y de los tributos especiales aprobadas a finales de año para cumplir el déficit. De manera que tampoco hay bajadas de impuestos para aliviar los bolsillos de los ciudadanos, más bien todo lo contrario. 

Los presupuestos de este año presentan dos características que los hacen diametralmente diferentes a todos los anteriores. La primera es que son las primeras cuentas del PP sin mayoría en el Congreso y, por tanto, necesitan del apoyo de otras fuerzas políticas y no está garantizada su convalidación. Esta falta de mayoría obliga a dar protagonismo a sus posibles aliados políticos para que estos puedan justificar su apoyo a las cuentas. De ahí que el Gobierno haya presentado un pacto con Ciudadanos que recoge un aumento del gasto social de unos 4.000 millones, cuando en realidad no hay un incremento, sino un maquillaje y un trasvase de recursos de unos departamentos a otros para dar la apariencia de que se priorizan jóvenes o  autónomos. 

Para ver cuanto de sociales son estos presupuestos tan solo hace falta ver lo que van a subir las pensiones este año: un 0,25% con una inflación del 1,5%. 

La segunda variable a tener en cuenta es que estos presupuestos marcan un fin de ciclo. Están orientados a bajar el déficit español al 3,1% (frente al 4,3% con el que se cerró el 2016), lo que permitiría que España dejara de estar bajo la vigilancia de los hombres de negro de Bruselas en el 2018. España está sometida a la supervisión europea desde el 2008, ¡una década!. Por este motivo, nos encontramos ante unas cuentas que incorporan de forma velada  el último gran ajuste presupuestario de la crisis. 

Las administraciones públicas deben rebajar los números rojos en unos 14.000 millones. El Gobierno confía en que el crecimiento económico, que sigue siendo robusto, junto con las medidas que ya se han adoptado, permitan cumplir con los objetivos de déficit y llegar al final de la travesía en el desierto sin recortes. Y a partir de ahí, empezaría una etapa distinta en la que el Ejecutivo tendría una mayor autonomía para decidir su política económica.

Pero uno de los riesgos que afronta el Ejecutivo es sin duda el déficit de la Seguridad Social, que este año será del 1,4% según figura en el proyecto de presupuestos. A pesar de que el Gobierno prevé reducir la tasa de paro al 16,6%, los ingresos por cotizaciones no logran restablecerse debido a unos sueldos más bajos, el coste de las tarifas planas a la Seguridad Social y el agotamiento de la prestación de desempleo de muchos parados de larga duración.

Las cuentas del Gobierno son en definitiva una continuación de la larga senda de ajuste fiscal de los últimos años. Pocas alegrías, aunque se quiera simular lo contrario. Y la incertidumbre de si finalmente saldrán adelante o habrá elecciones.