La UE teme que las preferentes cuesten dinero a la banca

La Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) están preocupados por el coste elevado en las cuentas de Bankia, CatalunyaCaixa y NovaCaixaGalicia que puedan tener los arbitrajes sobre las participaciones preferentes que fueron colocadas de forma abusiva por las entidades entre sus clientes. «El resultado del proceso de arbitraje sobre las alegadas prácticas de venta engañosa puede representar una carga financiera adicional para los bancos» en un contexto de vulnerabilidad de las entidades financieras, señala el nuevo informe sobre el cumplimiento del programa de rescate bancario español hecho público ayer.

El informe muestra una vez más que la prioridad del Ejecutivo comunitario y del BCE son los intereses de los bancos y no los ciudadanos que fueron engañados por los directivos de las entidades y que han perdido la mayor parte de sus ahorros. El informe se basa en la inspección realizada por los expertos de ambas instituciones en España del 21 al 31 de mayo.

NO CON DINERO EUROPEO / El dinero que puedan necesitar los bancos para compensar a los clientes engañados con las preferentes en base a ese arbitraje «no será financiado» con los fondos del rescate europeo, subrayan la Comisión Europea y el BCE en el informe. El memorando que firmó el Gobierno español prohibía expresamente destinar parte de la ayuda europea a compensar a los afectados por las preferentes, recuerdan ambas instituciones.

Los fondos necesarios para cubrir esas compensaciones de los arbitrajes «deben proceder de los beneficios obtenidos por el banco», de medidas de «optimización de los recursos» de la entidad o por fondos estatales «como último recurso», sometidos a la aplicación de las reglas estrictas sobre ayudas públicas de la Unión Europea (UE), precisa el informe.

La Comisión Europea y el BCE insisten en que «es esencial» que se completen las quitas previstas en las preferentes y la conversión del dinero restante en acciones de las entidades para su recapitalización dentro de los plazos fijados. El informe lamenta también el retraso en la aplicación de los planes previstos de reestructuración de alguna de las entidades, en una velada referencia a CatalunyaCaixa.

DESAHUCIOS Y CLÁUSULA SUELO / El impacto negativo en la rentabilidad de los bancos españoles de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo en las hipotecas y de la ley andaluza de medidas contra desahucios son otras dos cuestiones que preocupan a la Comisión Europea y al BCE. El informe añade que la ley andaluza también puede perjudicar a la sociedad gestora de activos Sareb (banco malo), a la que podría causar una pérdida directa de «200 millones». El informe critica además las deficiencias en la gestión de Sareb.

El sector bancario español sigue presentando una importante vulnerabilidad debido a la persistencia de la recesión, el elevado paro y la acumulación de créditos fallidos a medida que se retrasa la reactivación económica, destaca en otro apartado el informe.

No obstante, la Comisión Europea y el BCE consideran que «en estos momentos no hay ninguna razón para prever un desembolso adicional» de fondos del programa de rescate europeo para recapitalizar a la banca, más allá de los 41.300 millones aportados hasta ahora para sanear los bancos españoles.

RESTRINGIR LOS DIVIDENDOS / La Comisión Europea y el BCE insisten en diferentes apartados en que se debe restringir el reparto de dividendos en la banca española para que una parte importante de los beneficios se destine a recapitalizar las entidades. Asimismo, se reclama al Banco de España una estrecha supervisión de las entidades para asegurarse que «los beneficios son retenidos de manera apropiada» dado el entorno económico difícil y el reto de mantener una rentabilidad.

La concesión de créditos en España, a pesar de las declaraciones gubernamentales y los planes anunciados por la Comisión Europea, seguirá cayendo este año y sólo se espera que toque fondo en el 2014, precisa el informe, retrasando hasta el 2015 una eventual recuperación de la concesión de préstamos.

La Comisión Europea y el BCE también expresan en el informe su preocupación por el retraso del Gobierno español en la aprobación y aplicación de la reforma de las cajas de ahorro, en el reforzamiento de los poderes de supervisión del Banco de España. En la reforma del marco regulador sobre la concentración de riesgos bancarios y provisiones y en la preparación de las estrategias de los bancos para resolver los problemas de los activos dañados.