Rajoy y los sindicatos pactan ayudar a los parados más necesitados

La mejora de las perspectivas económicas y por tanto presupuestarias, sin olvidar las cuestiones electorales, han llevado al Gobierno a pactar con los sindicatos una mejora de la protección de los parados más necesitados que no cuenten con ningún tipo de ayuda estatal o autonómica. El Ejecutivo, así, se ha comprometido a «ampliar en el mes de octubre los mecanismos de protección ligados a las políticas de empleo a los parados de larga duración en situación de especial necesidad para facilitar su retorno al empleo sin perder la necesaria protección social».

La medida será «coyuntural» y los beneficiarios deberán acreditar «de forma regular» que están buscando empleo activamente. Además, tendrán que participar en cualquier acción de inserción en el mercado laboral que les propongan los servicios de empleo. Aunque quedan muchos aspectos por definir, el esquema parece similar al del Plan Prepara, que ofrece ayudas de hasta 450 euros al mes a los parados sin prestación ni subsidio pero ligadas a la participación en actividades de formación para el empleo.

Los sindicatos reclaman que la iniciativa beneficie al medio millón de hogares que según sus cálculos carecen de ingresos y en los que su cabeza de familia es un desempleado de larga duración. También pidieron que el programa esté dotado con 2.500 millones de euros. «La tasa de protección ha bajado 20 puntos entre el 2010 y el 2014. El objetivo es recuperar 10 puntos en un periodo corto», argumentó Ignacio Fernández Toxo, líder de CCOO.

POR DEFINIR / La ministra de Empleo, Fátima Bañez, confirmó que el Gobierno atenderá a partir de octubre las «necesidades más urgentes», ampliando la protección de los parados de larga duración con cargas familiares. Con todo, evitó dar por buenas las cifras de los sindicatos. «Estamos verificando esas necesidades, no solo con los sindicatos sino con las comunidades autónomas y los datos del ministerio», aseveró. Tampoco quiso hablar de los recursos con que se dotará la iniciativa: se hará con los que «haya disponibles».

El Gobierno y los agentes sociales, añadió, también han pactado cruzar los datos de los ministerios de Empleo y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con los de las comunidades para tener antes de que acabe el año un «mayor control de esa gente» que recibe algún tipo de ayudas, pues «puede ser que una persona cobre una u otra, o una y otra».

También van a evaluar el actual modelo de rentas básicas o rentas mínimas de inserción para garantizar que cubran a todas las personas «merecedoras» de esa protección, un análisis que se centrará particularmente en los 740.500 hogares sin ingresos laborales. Para ello, se creará una mesa de negociación en un máximo de seis meses.

FOTO SOCIAL / Las medidas están incluidas en un «acuerdo de propuestas para la negociación» entre el Ejecutivo y los agentes sociales alcanzado ayer en una reunión del presidente, Mariano Rajoy, con los líderes sindicales y patronales. Las partes han tardado más de cuatro meses en tener listo un documento que básicamente incluye asuntos sobre los que negociar.

La otra gran medida que aparece -de nuevo sin mucha concreción- es un plan para fomentar el empleo, que también entrará en vigor en octubre y estará especialmente dirigido a los parados mayores de 45 años, lo de larga duración y los que estén en riesgo de exclusión social.

Patronal y sindicatos también se comprometieron a seguir negociando un nuevo acuerdo salarial para los próximos años, proceso en el que «se está analizando acompasar la evolución de los salarios con el proceso de recuperación del empleo». Toxo se mostró partidario de fijar una referencia general en lugar de un «dígito concreto» para que cada sector la adapte a su situación particular.