CONSECUENCIA DE una SENTENCIA judicial
El PSOE busca la reprobación de Báñez por la reforma laboral
CCOO y UGT valoran que los jueces protejan la negociación colectiva
El PSOE buscará apoyos en todos los grupos parlamentarios de la oposición para reprobar a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, tras el varapalo a la reforma laboral que ha supuesto la sentencia del Tribunal Supremo, conocida el viernes, que mantiene las condiciones laborales de los trabajadores aunque haya caducado la vigencia del convenio y no haya uno nuevo.
Los socialistas han pedido la comparecencia urgente de Bañez en la comisión de Empleo del Congreso. El viernes la ministra evitó pronunciarse sobre la sentencia y el sábado presentó una campaña del PP para dar a conocer que la reforma "está creando empleo neto".
Para el PSOE, el fallo del Supremo es de facto una derogación de la reforma laboral, que ha tenido entre otras consecuencias la caída del 70% al 30% de los trabajadores protegidos por un convenio y la bajada en tres años de 4.000 a 1.400 del número de convenios firmados, según la secretaria de empleo del PSOE, María Luz Rodríguez.
DISTINTA ESCALA SALARIAL
Si finalmente se produce la comparecencia de Báñez, el PSOE le reclamará que trabaje para que las empresas apliquen "con justicia y eficacia" la sentencia y eviten una doble escala salarial para los trabajadores cubiertos por el convenio y los nuevos contratados cuando aún no hay uno nuevo.
Joan Coscubiela, diputado de ICV, recomendó al Ejecutivo que "se lo piense antes de seguir haciendo barbaridades". En esta misma línea CCOO y UGT consideraron ayer que la sentencia del alto tribunal sienta jurisprudencia al reforzar la negociación colectiva y demostrar que no sirven de nada las imposiciones normativas.
Las centrales tienen una nueva arma en la negociación de los convenios ya que el Supremo acaba con la "indefinición" en que la reforma dejaba a los trabajadores cuando decaía el convenio.
La CEOE aún no se ha pronunciado sobre uno de los aspectos que más les beneficiaban, el fin de la vigencia de los convenios. Y con la excusa de que la sentencia no está redactada, el Gobierno y el PP esquivan el fondo de la cuestión y siguen defendiendo la reforma laboral. Vicente Martínez Pujalte, portavoz de economía del grupo popular, prefirió hablar de despidos (no afectados por la sentencia) y respaldó que los jueces rectifiquen a las empresas que no aplican bien una ley que a su juicio "es clarísima" y "respeta los derechos de los trabajadores".
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