Panamá lleva a Sacyr ante los tribunales por los sobrecostes del canal

El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), consorcio participado por Sacyr a cargo del principal proyecto de la ampliación del Canal de Panamá, ha sido denunciado penalmente ante la justicia panameña por "la posible estafa al Estado" a través de la presentación de reclamaciones económicos con cifras supuestamente infladas. El grupo constructor reclama a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) sobrecostes por valor de 3.480,7 millones de dólares (3.220 millones de euros), prácticamente el doble de los 1.625 millones de dólares que reclamaba hace dos años cuando se pusieron de manifiestos las disferencias entre las partes que llegaron a paralizar las obras. El presupueto inicial era de 3.118 millones de dólares, con lo que sumando los sobrecostes, el monto final, de ser aceptado, podría duplicar el presupuesto.

La denuncia penal por fraude contractual y falsedad fue presentada el jueves ante la Procuraduría General de la República por el abogado Juan Carlos Arauz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. "Pedimos que se investigue la posible estafa al patrimonio del Estado" debido a que el consorcio ha presentado reclamaciones económicas "no justificados", explicó el letrado .

También se pide a la Procuraduría "el aseguramiento de cualquier suma de dinero, para impedir que el Estado panameño agrave su perjuicio o se cause una mayor lesión patrimonial", dijo el vicepresidente del gremio de abogados.

Explicó que lo que pretende la acción penal es activar una investigación que le "permitirá a Panamá en un momento determinado, incluso si llegan decisiones de los tribunales arbitrales (internacionales) que contradigan las investigaciones panameñas, que pueda invocar su orden público para el no cumplimiento de una decisión que estaría afectada por falsedad o el engaño en cuanto a los montos reclamados".

ARGUMENTOS PARA LA RECLAMACIÓN

La denuncia penal argumenta que la información pública de la ACP indica que la Junta de Resolución de Conflictos (JRC o DAB por sus siglas en inglés) ha reconocido al GUPC en "cinco fallos" reclamaciones económicas por 283,3 millones de dólares, mientras que el consorcio pedía 803,07 millones de dólares.

El grupo, integrado por Sacyr de España, Salini Impregilo de Italia, Jan de Nul de Bélgica y CUSA de Panamá, ha presentado sobrecostes "no justificados que sin lugar a dudas ponen en escenario la posible estafa o su intento al erario público", según indica la denuncia que defiende los interesés del Gobierno panameño, puesto que la ACP es un organismo público.

El contrato para la construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, firmado por la ACP y el GUPC en el 2009 por 3.118 millones de dólares, contempla tres instancias para resolver las reclamaciones económicas: la primera, la propia Administración de la vía, la segunda, la JRC o DAB, y la tercera y última, el Tribunal de Arbitraje bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional.

Arauz señala que quedando aún una instancia a la que puede acudir el consorcio, el Tribunal de Arbitraje, cabe la posibilidad de que allí se produzca una decisión que reconozca al GUPC todo el dinero que reclama, lo que constituiría un "grave perjuicio al Estado panameño". "Mientras nos mantengamos en el suspenso o la duda de que hay falsedad (en las reclamaciones económicas de las empresas) el Estado panameño puede ser sorprendido en la instancia arbitral", alerta el abogado.

El administrador de la ACP, Jorge Quijano, ha defendido recientemente que el consorcio tiende a "no reflejar de manera correcta los costos" extraordinarios del proyecto. El GUPC por su parte acusa a la ACP de pretender pagar muy por debajo de su valor real los costes extraordinarios, y de retrasar el desembolso de los pagos previstos en el contrato, lo que podría retrasar hasta seis meses la inauguración de la obra, que debió estar lista en octubre de 2014 y se prevé para mayo del 2016, según dijo el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela recientemente.