El cese de la obra del canal de Panamá amenaza con judicializar el conflicto

El consorcio que lleva a cabo los trabajos de los juegos de exclusas del canal de Panamá, Grupo Unido por el Canal (GUPC), que lidera la constructora española Sacyr, comunicó ayer que ha suspendido los trabajos en el proyecto, «debido a la negativa expresada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) de extender el protocolo de negociación» mediante el que se pretendía alcanzar una solución que permita la continuación y finalización de las obras.

Con esa comunicación, remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ayer, ya no queda duda de que las relaciones entre el grupo en el que intervienen, además de Sacyr, la italiana Saini-Impreglio, la belga Jan De Nul y la panameña Constructora Urbana, se encaminan hacia un largo litigio ante los tribunales.

Queda un último cartucho por quemar, puesto que el GUPC entregó ayer una nueva propuesta «que recoge las inquietudes de la ACP al tiempo que proporciona los fondos necesarios para terminar la obra». No se conocen los detalles de la proposición, aunque fuentes del consorcio explicaron que esa propuesta  incluye la utilización de la fianza de 400 millones de dólares en poder de la asegurado Zurich American como aval para encontrar financiación, un alternativa que ya se había negociación sin éxito con anterioridad. La aseguradora, no obstante, presiona para no tener que libra esa fianza

-aunque sí que aceptaba su utilización como aval- y ha empujado a las partes a seguir con la negociación y a alcanzar un acuerdo.

EFECTO DE LA PRESIÓN / La presión parece haber surtido algún efecto, pues Jorge Quijano, administrador de la ACP, comunicó al  Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), que todavía no se han roto las relaciones con el consorcio. El secretario general de ese sindicato, Saúl Méndez, tuvo ayer una reunión con Quijano para pedir que se aseguren los salarios y prestaciones de los trabajadores del canal. Según la prensa panameña, Quijano explicó que ya están cubiertos por un seguro de pago, estipulado dentro del contrato firmado por el consorcio. Por su parte, fuentes de Sacyr explicaron que el consorcio se compromete a que los trabajadores perciban los salarios devengados hasta ahora. Pero tendrá que enviarlos a casa si las obras no siguen.

Los contratistas del canal explicaron que la suspensión de las obras se debe a la falta de liquidez. «La ACP no ha pagado una factura pendiente de 50 millones de dólares a pesar de que todos los impedimentos existentes para que se realizara el pago han sido eliminados, ni tampoco ha buscado otra manera para ayudar en la financiación de los costes del proyecto necesarios para pagar a los subcontratistas y a los trabajadores».

EL CONTRATO/ La paralización de los trabajos pueden dar pie a que las autoridades panameñas rescindan el contrato con el GUP. El propio Quijano recordó hace un par de días que el contrato recoge esa posibilidad en caso de que se detengan las obras. Esa opción, sin embargo, podría implicar un nuevo y largo litigio jurídico, puesto que el GUPC responsabiliza a la ACP de la paralización. Por vía arbitral se reclaman los sobrecostes de 1.200 millones de euros que han dado origen a este enrevesado conflicto internacional.

El conflicto se sigue con atención en EEUU, donde la empresa Betchel aspira a sustituir al GUPC, si finamente la ACP opta por su plan B. El Gobierno estadounidense se pronunció ayer. Instó a las partes a llegar a una «rápida resolución» de la disputa que ha provocado la interrupción de las obras de ampliación, para garantizar una «reanudación completa» de los trabajos, subrayó un portavoz del Departamento de Estado a Efe.