Novena demanda por el recorte a la energía verde

Y van nueve. Un consorcio en el que además de la eléctrica alemana RWE figuran sociedades municipales de Múnich y Colonia ha presentado la novena demanda internacional ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial. RWE ya presentó hace unos días la octava demanda de este tipo ante la misma instancia.

Este consorcio es el propietario del parque termosolar Andasol-3, en cerca de Guadix, en la provincia de Granada, el mayor complejo de este tipo en Europa e inaugurado en septiembre del 2011. Las dos primeras fases del complejo, Andasol-1 y 2, fueron promovidas por el grupo ACS, que luego las vendió a un fondo del Deutsche Bank. Cada una de las fases tiene 50 megawatios (MW).

La propiedad del proyecto se reparte entre Stadtwerke München, del municipio de Múnich, con un 48,9%; la firma conjunta entre RWE Innogy y RheinEnergie (compañía energética de Colonia y su área), con un 25,1%; y Ferranda GmbH, del grupo proveedor de servicios industriales Ferrostaal y Andasol Kraftwerks, del grupo Solar Millennium, inmersa en un concurso de acreedores, con un 13% cada una. Todas ellas constituyeron la sociedad Marquesado Solar para desarrollar el proyecto, iniciado en el 2008 y con una inversión superior a los 300 millones de euros.

El despacho de abogados Allen & Overy, que también representa a la mayor parte de los anteriores demandantes en el Ciadi por los recortes a las energías renovables en España, confrontará sus argumentos con la Abogacía General del Estado. El Ciadi ha recibido demandas en contra de España por parte de Infrared, Masdar, del emirato de Abu Dabi; Eiser, Antin y RREEF, que ya cuentan con tribunales constituidos para analizar su caso, así como de Renergy y Nextera, que se encuentran a la espera del análisis de las alegaciones presentadas en ambos casos a mediados de noviembre por una parte ajena a la disputa. A estas denuncias se suman la de RWE y la notificada esta semana.

Las denuncias de las firmas internacionales se concentran en los recortes a la energía solar y, en especial, a la termosolar, iniciados a finales de 2010 a través del real decreto ley 14/2010, en el que se limitaban las horas con derecho a percibir prima por la producción.

Además se acumulan los pleitos en los juzgados españoles, que no podían presentarse hasta que se aprobara el real decreto que recortó la retribución a a las energías renovables. De esta manera se pasó, con efectos retroactivos, de un sistema de primas a la producción a otro basado en la «rentabilidad razonable» calculada durante toda la vida del proyecto.

Las denuncias van dirigidas contra los ajustes del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y también contra los decididos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.