Macrooperación antifraude de Hacienda contra distribuidores chinos en toda España

Nueva operación policial y de Hacienda contra mayoristas de China. La Agencia Tributaria ha iniciado este jueves una macrooperación contra el dinero negro y la economía sumergida contra distribuidores de productos chinos en toda España. Se están produciendo registros en más de 60 naves de polígonos industriales de 11 comunidades autónomas, entre los que se encuentran Cobo Calleja en Madrid, el Carrús en Elche y Badalona Sud.

La investigación afecta a 61 locales de las sociedades inspeccionadas en 11 Comunidades Autónomas: Andalucía (11), Aragón (1), Asturias (1), Baleares (2), Canarias (3), Castilla y León (4), Catalunya (13), Extremadura (1), Galicia (7), Madrid (8) y Comunidad Valenciana (10). Los investigadores de la Agencia Tributaria estiman que los polígonos afectados por las actuaciones distribuyen más del 50% de todas las mercancías que entran en España procedentes de China en diversos segmentos de los sectores del textil, calzado, juguetes, pequeño menaje y papelería, entre otros.

"El objetivo de estas actuaciones no pretende ser, exclusivamente, la regularización puntual de las empresas inspeccionadas, sino también concienciar de una forma permanente a los empresarios del sector de que esta forma irregular de funcionamiento no puede continuar", explica la Agencia Tributaria. Paralelamente, Hacienda está realizando un "seguimiento global de las declaraciones fiscales del colectivo".

MÁS INSPECCIONES

Hacienda advierte de que "está previsto visitar adicionalmente otros comercios del mismo ámbito, al objeto de verificar su forma de facturación y cobro, aprovechando la experiencia previa de la operación Dragón". Lo que analizarán los inspectores de Hacienda ratios reales, estructuras de costes, manejo del efectivo, canales de aprovisionamiento y métodos de pago a profesionales y trabajadores.

370 INSPECTORES

Más de 370 funcionarios de la Agencia Tributaria, repartidos en distintos departamentos del organismo como inspección, equipos de fraude organizado de la ONIF, unidades de auditoría informática y de vigilancia aduanera, están realizado registros que se extenderán a lo largo de todo el día de hoy, y en paralelo se están llevando a cabo actuaciones inspectoras sobre varias decenas de sociedades y sobre algunos de los socios o administradores de dichas empresas. En concreto la investigación se ha centrado en la comprobación de 66 sociedades y seis personas físicas como responsables estas sociedades.

Tras seis meses de investigaciones y el análisis de multitud de inspecciones previas, se ha concretado una operación a gran escala contra el fraude fiscal sobre empresas que están declarando un margen de beneficios hasta 20 veces menor que el real en el sector de la importación y distribución de productos asiáticos

CUENTAS POCO CLARAS

El centro de las pesquisas de los investigadores es la casación de ingresos, gastos y existencias de las empresas situadas en estos polígonos industriales, así como la supervisión de la venta de productos entendidos como falsificaciones. En este tipo de comercios, la mayoría de ellos con licencia para la venta mayorista, se comercializan productos procedentes de Asia con declaraciones de importación poco exhaustivas. La elevada rotación en la propiedad de muchos establecimientos hace también compleja la supervisión del pago del IVA.

QUINTA OPERACIÓN

Esta nueva operación es la quinta que realiza la Agencia Tributaria sobre productos chinos sin declarar, tras las realizadas en 2013, 2014 y 2016. Precisamente la llevada a cabo en noviembre del 2014 en Madrid, bajo el nombre de operación 'Juguetes', es la que ha permitido iniciar las investigaciones de la nueva actuación realizada este jueves en los polígonos industriales de toda España.

MÚLTIPLES DELITOS

En aquella ocasión, la Agencia Tributaria, con la participación de la Fiscalía Anticorrupción, desmanteló una organización internacional dedicada a la importación y comercialización de mercancías originarias de China, responsable de la comisión de múltiples delitos contra la Hacienda Pública, contrabando, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, falsedad en documentos oficiales y mercantiles y contra la propiedad industrial e intelectual. El importe total del fraude fiscal cometido superó los 100 millones de euros.

DECLARACIÓN POR DEBAJO DE LA REAL

La organización importaba mercancías originarias de China para introducirlas en la Unión Europea, declarando valores en aduana inferiores a los legalmente establecidos, así como no declarando íntegramente las ventas interiores de las mercancías, defraudando de esta manera a la Hacienda Pública tanto en los aranceles de importación como en el IVA y en el Impuesto sobre Sociedades.

OPERACIÓN DRAGÓN

Las sociedades afectadas por la operación Dragón, según explica Hacienda, venían declarando un margen de explotación (beneficios sobre cifra de negocios) de apenas el 1,7% de media, 20 veces inferiores a los estimados para el conjunto del sector, dado que las investigaciones previas vienen a determinar que el margen real en la actividad de importación y distribución de este tipo de productos ronda el 40%. Muchas de estas empresas realizaban operaciones millonarias y ampliaban su negocio mientras declaraban pérdidas de manera sistemática. A su vez, en inspecciones previas a otras empresas del sector que se analizaron como antecedentes de este operativo, se pudo comprobar que el 70% de todas las ventas y compras eran en ‘B’, proporción prácticamente coincidente con la del uso de efectivo.

CUENTAS PATERA Y FACTURAS FALSAS

Las investigaciones previas han permitido constatar la existencia de un intenso movimiento de efectivo que es ingresado en cuentas bancarias que los investigadores denominan ‘patera’, dado que sirven de instrumento para que distintos empresarios del sector, sin necesidad de estar conectados entre sí, envíen importantes remesas de efectivo, tanto a sus proveedores en China, como a otras cuentas de los propios empresarios en su país de origen. También habían comprobado los investigadores, a partir del estudio de las compras de particulares y minoristas en estos polígonos, la existencia de una doble operativa de estas empresas en relación con su facturación. Por un lado, cuando sus clientes no les exigían factura, directamente vendían en ‘B’. Por otro, cuando realizaban ventas a tiendas y negocios que declaraban correctamente, compensaban el ‘sobrecoste’ de los impuestos generados por estas ventas ‘oficiales’ mediante el acopio de facturas falsas para incrementar ficticiamente sus costes.

COMPRAS MASIVAS EN EFECTIVO

Al mismo tiempo, en algunos de los polígonos objeto de esta actuación se ha detectado que numerosos empresarios minoristas y distribuidores acuden personalmente a cargar mercancía con sus coches particulares o pequeñas furgonetas, efectuando en efectivo una parte significativa de los pagos y eludiendo así lo que sería una actividad comercial ordinaria, con pedidos seguidos de envíos al cliente y posterior pago bancario de estos pedidos. La razón de esta forma de proceder no es otra que la ventaja que obtienen estos clientes en el precio de los productos, ventaja que, en parte, es consecuencia del bajo precio inicial en la importación pero que, especialmente, se debe a la falta de pago de los impuestos directos y especialmente del IVA que grava estas operaciones. No es extraño que los pagos se produzcan en efectivo incluso por importes superiores al máximo de 2.500 euros que admite la normativa. Esta situación ha llevado a que, junto con el dispositivo principal desplegado en el interior de los locales objeto de los registros e inspecciones, se sume un segundo dispositivo de control paralelo, mediante el cual se procede a identificar los transportes de mercancías que tienen por origen y destino el polígono, al objeto de verificar la posible existencia de mercancías compradas o vendidas en ‘B’ y actividades ilícitas en el transporte.