Los Núñez, a un paso de la cárcel

La Audiencia decreta, en un auto recurrible, que el expresidente del Barça y su hijo deben ingresar en prisión

Núñez padre, en primer término, y su hijo al salir del juicio en junio del 2010.

Núñez padre, en primer término, y su hijo al salir del juicio en junio del 2010.

JESÚS G. ALBALAT/ AGUSTÍ SALA / BARCELONA

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Aun paso de la cárcel. La Audiencia de Barcelona ha ordenado el ingreso en prisión del expresidente del FC Barcelona, Josep Lluís Clemente (83 años), y de su hijo Josep Lluís Núñez Navarro (55 años), al rechazar su petición para suspender de forma provisional la ejecución de su condena a dos años y dos meses de cárcel mientras se decide su petición de indulto. Los afectados aún pueden presentar un recurso de súplica frente a la misma sala que ha tomado esta determinación.

En un auto notificado ayer, la Sección Novena de la Audiencia desestima la petición de los Núñez, condenados por uno de los mayores casos de corrupción destapados en Catalunya. El fiscal Emilio Sánchez Ulled presentó en septiembre pasado un escrito en la sala correspondiente en el que se oponía a que se suspendiera la ejecución de la sentencia.

En el texto de la Audiencia se considera que en cuestiones como las que se debaten «la existencia de razones de justicia, equidad o utilidad pública, exigencias en ciertos tipos de delincuencia (cuello blanco, malversaciones, torturas, etc.), resultan de difícil o imposible justificación».

Equidad y justicia

Además de cuestionar la institución del indulto, los jueces muestran su convencimiento de que el Estado no otorgará «indulto alguno» por casos de corrupción. «Si en una primera aproximación, la petición de indulto aparece rodeada de circunstancias que dan contenido a los criterios de equidad, justicia y utilidad pública que deben fundamentar la concesión de todo indulto, la actitud habrá de ser favorable a la suspensión de la ejecución de la condena», razona la Audiencia.

El tribunal también es partidario de conceder provisionalmente la suspensión de la condena si es «previsible» la concesión del indulto. Pero, por el contrario, si no se evidencian motivos de «equidad o justicia» que puedan llevar al indulto, como cree que ocurre con los Núñez, la respuesta judicial «habrá de ser contraria a la suspensión».

La Audiencia de Barcelona condenó en julio de 2011 a seis años de cárcel al expresidente azulgrana y a su hijo por sobornar a inspectores de Hacienda para que hicieran la vista gorda en sus revisiones y eludir así el pago de impuestos de los beneficios obtenidos por su empresa, el grupo Núñez y Navarro.

Sin embargo, el Tribunal Supremo rebajó la condena hasta los dos años y dos meses de prisión, alegando las dilaciones indebidas en la macrocausa judicial, ante lo que Núñez y su hijo solicitaron un indulto y reclamaron que, mientras tanto, se suspendiera su ingreso en prisión.

Al igual que la fiscalía y la abogacía del Estado, la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona resalta las conductas «gravísimas» por las que fueron condenados los afectados. Se recuerda que los responsables el Grupo Núñez y Navarro «aceptaron un diseño financiero contrario a las normas tributarias, del que obtenían un ahorro fiscal indebido y muy suculento (...)»

El mayor caso

La Audiencia alega que se tiene que tener en cuenta el contexto en el que los Núñez cometieron su delito, en el marco del conocido como el caso Hacienda, «uno, si no el de mayor relevancia de corrupción conocido en la historia judicial de Catalunya». A diferencia de los Núñez, quien sí ingresó voluntariamente en prisión para cumplir la pena impuesta (seis años y 10 meses de cárcel) fue el exinspector jefe de Hacienda en Catalunya, Josep Maria Huguet. Por el caso también fueron condenados otros cuatro funcionarios de la Agencia Tributaria a penas de entre seis años y seis meses.

De las sentencias se desprende que los inspectores de Hacienda tejieron una red de intereses para favorecer el ahorro fiscal de los empresarios, que contribuyeron con generosos sobornos a la trama formada por los actuarios bajo un «estrecho pacto de silencio», según la resolución dictada por la Audiencia.

Los hechos ocurrieron hace 21 años y desde que empezó la investigación hasta que se dictó la primera sentencia pasaron 12 años y medio. Este proceso judicial acabó con las aspiraciones del socialista Josep Borrell de ser candidato a la Presidencia del Gobierno. El político tuvo que dimitir al salir a la luz la implicación en el caso de dos directos colaboradores suyos.