Guindos tratará de evitar por ley que el fraude de las preferentes se repita

Es cierto que el Gobierno heredó el escándalo de las participaciones preferentes (productos complejos que la banca colocó a sus pequeños clientes sin explicarles en muchos casos el riesgo que asumían), pero también lo es que el actual Ejecutivo ha hecho poco hasta ahora para remediarlo. La solución prometida por el ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha demorado varios meses, pero parece que por fin está cerca.

Economía, según fuentes del departamento, estudia «cambios legales parea evitar» que el fraude de las preferentes se repita. Aunque prefieren no dar detalles, el propio Guindos dio hace unos días una pista de por dónde podrían ir las novedades. La nueva regulación de estos títulos y otros similares, defendió, «no debe ir tanto por la prohibición» de su venta como por el establecimiento de un tramo institucional (de grandes inversores) obligatorio que garantice iguales características «para el señor que invierte 10.000 euros y el que invierte 10 millones».

Se trataría de repetir el modelo de las salidas a bolsa de empresas, donde es obligatorio que una parte de las acciones se reserve para inversores profesionales. El objetivo es que este grupo fije un precio adecuado para los títulos y evite que la compañía hinche artificialmente su valoración, algo que los pequeños inversores no están en condiciones de lograr por sus menores conocimientos técnicos y capacidad de presión.

LA LEY EN CONTRA / Esta fórmula mejoraría la situación de un futuro pequeño ahorrador que comprase una preferente, si bien no le garantizaría su inversión al 100%. Lo demuestran casos como el de Bankia, donde los pequeños accionistas van a perder toda o buena parte de su dinero pese al tramo de grandes inversores.

Así las cosas, podría parecer que la alternativa más lógica es la prohibición. El problema es que sería ilegal. «No se puede prohibir que se coloquen instrumentos financieros complejos a inversores minoritarios porque la normativa europea lo impide», ha explicado Julio Segura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

GRUPO DE TRABAJO / El ministerio ha creado un grupo de trabajo para buscar soluciones a las preferentes. Además de los cambios legales para evitar que se repita el fraude, el grupo analiza qué solución darle a los dueños de estos títulos emitidos por las cuatro entidades nacionalizadas (Bankia, Catalunya Banc, Nova Galicia Banco y Banco de Valencia).

Bruselas ya ha dejado claro que no permitirá que las cuatro -que recibirán una millonaria ayuda europea- canjee las preferentes por otros productos respetando la inversión inicial de los clientes, como han hecho la mayoría de entidades sin ayudas. El comisario Joaquín Almunia ha explicado que la ley comunitaria obliga a cambiar los títulos a precio de mercado (muy inferior) y ha propuesto al Gobierno español que compense a los afectados con sus fondos.

Economía, sin embargo, descarta esta opción por el momento. Según fuentes de la Administración, el ministerio vería con buenos ojos que las nacionalizadas canjeen sus preferentes por un depósito a un plazo largo, de cuatro o cinco años, y una quita sobre la inversión inicial, que se iría recuperando con los intereses si el cliente no saca el dinero antes del vencimiento. Pero habrá de convencer a Bruselas.