El Gobierno retrasa otra semana su reforma fiscal

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se comprometió ayer ante los líderes sindicales, Ignacio Fernández Toxo (CCOO) y Cándido Méndez (UGT), así como ante los presidentes de CEOE, Juan Rosell, y de Cepyme, Jesús Terciado, a retroceder en la intención del Gobierno de endurecer la tributación de las indemnizaciones por despido, tanto para los trabajadores como para los empresarios.

Así, Montoro se ha comprometido a elevar el mínimo exento de 2.000 euros por año trabajado a partir del cual empezarán a tributar los despidos producidos desde el 20 de junio pasado, según el anteproyecto aprobado ese día en el Consejo de Ministros.

Ayer no se concretó el nuevo límite a partir del cual los trabajadores despedidos deberán pagar impuestos. Según explicaron Toxo y Méndez al término de la reunión, el Gobierno les hará llegar una nueva propuesta «a finales de esta semana o principios de la próxima». En todo caso, antes de la definitiva aprobación del anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros, que se ha retrasado una semana, hasta el 25 de julio, en lugar de la fecha anunciada del 18 de julio.

En la práctica, el mínimo exento incluido en el actual borrador de reforma del IRPF, de 2.000 euros por año, deja libre de tributación las indemnizaciones por despido de salarios de hasta 21.000 euros anuales. Elevar el tope a 4.000 euros, dejaría exentos los pagos por despido de salarios de hasta 40.000 euros, según cálculos sindicales.

Los líderes de UGT y CCOO cuestionaron la dureza de la medida prevista por el Gobierno para un colectivo de contribuyentes muy vulnerable desde el punto de vista social que, sin embargo, apenas reportaría a Hacienda, en el mejor de los casos, una mayor recaudación de entre 70  y 137 millones de euros, según dijo Méndez. «El Gobierno es consciente de que hay un planeamiento inadecuado e injusto», dijo el líder de UGT al término de la reunión.

MARCHA ATRÁS / El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, no dio por bueno las estimaciones recaudatorias citadas por Méndez y dijo que, en todo caso,  los cálculos de su departamento son más bajos.

Ferre destacó la coincidencia entre los agentes sociales para establecer un tope a la exención en el IRPF a partir del cual deberían tributar las indemnizaciones por despido.

Además, según Ferre, tanto los representantes sindicales como los empresariales se mostraron de acuerdo en la necesidad de no endurecer la tributación en el impuesto de sociedades de las indemnizaciones que las empresas abonan a sus trabajadores.

Con este argumento, el Ministerio de Hacienda ha dado marcha atrás en su intención de limitar la deducción como gasto en el impuesto de sociedades de las indemnizaciones pagadas a los trabajadores. Según Ferre, los propios representantes sindicales argumentaron que esta medida contra la fiscalidad de las empresas acabaría perjudicando a los trabajadores que lograrían menores indemnizaciones.

Frente a la propuesta sindical de fijar un mínimo exento elevado en el IRPF para los trabajadores despedidos -en País Vasco y Navarra, a partir de 180.000 euros-, Ferre defendió que la propuesta de un mínimo exento anual favorece a los trabajadores de mayor edad.