El Gobierno reprocha al PSOE la amnistía de la 'lista Falciani'

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió ayer explicaciones al PSOE por la posible amnistía encubierta en junio del 2010 a favor de defraudadores con cuentas en suiza incluidos en la llamada Lista Falciani (un fichero con miles de nombres de todo el mundo, titulares de cuentas en la filial suiza del HSBC, que fue robado por su exempleado Hervé Falciani).

«La respuesta la tienen que dar los correspondientes responsables de PSOE», dijo la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras ser preguntada sobre la reapertura de una investigación judicial por un presunto delito de prevaricación contra exaltos cargos de la Agencia Tributaria (AEAT) cuando era ministra de Hacienda Elena Salgado.

Sáenz de Santamaría reprochó al PSOE haber articulado gran parte de su labor de oposición en esta legislatura con críticas a la «regularización» extraordinaria que permitió el Gobierno del PP en el 2011 (amnistía fiscal, según los socialistas) «conociendo como conocían el proceder» de la AEAT en el 2010.

La vicepresidenta recordó que en el 2010 la Agencia Tributaria, tras recibir la información contenida en la Lista Falciani de manos de la administración francesa, «formuló requerimientos» a los contribuyentes para que regularizaran su situación «sin que existiera una procedimiento ad hoc» que lo permitiera. Según Sáenz de Santamaría es lo contrario de cómo actuó el Gobierno del PP en la regularización del 2011 «con procedimientos transparentes».

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Tras la revelación periodísticas los últimos días de nuevos titulares -algunos, muy conocidos-de estas cuentas en todo el mundo, la Audiencia Provincial de Madrid dictó el miércoles un auto por el que reabre la investigación sobre exresponsables de la Agencia Tributaria en el 2010 por un posible delito de prevaricación, informa Margarita Batallas.

A partir de la querella presentada en agosto del 2013 por el sindicato Gestha de técnicos de Hacienda (que fue desestimada por el juzgado de instrucción) la Audiencia obliga ahora a investigar si la exdirectora de Gestión, María Dolores Bustamante, y el exdirector de Inspección, Carlos Cervantes, pudieron actuar en contra del derecho con el envío de cartas aviso a un millar de titulares de cuentas en el HSBC que les permitió regularizar su situación tributaria y evitar las posibles consecuencias de un denuncia por delito fiscal (pena de hasta cuatro años de cárcel y multa de hasta seis veces la cuantía defraudada).

La querella contra el exdirector de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López Carbajo, ha sido desestimada, de momento, por no haberse aportado ninguna prueba que respalde haber participado en la comunicación firmada por Bustamante y Cervantes sobre cómo se debía proceder con los contribuyentes que presentaran una declaración complementaria tras haber recibido la carta aviso a mediados de junio del 2010. Tampoco aparecen en la querella los nombres de la entonces ministra de Hacienda, Elena Salgado, ni de quien era secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña.