El Gobierno estudia una reforma que anticipa nuevas subidas de la luz

El ministro de Hacienda gana el pulso al de Industria y evita financiar costes con los Presupuestos

Cristobal Montoro.

Cristobal Montoro. / periodico

AGUSTÍ SALA / Barcelona

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El Gobierno tiene previsto aprobar este viernes lareforma energética, pero sin atajar el gigantesco problema del déficit del sistema, que supera los 28.000 millones de euros. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, parece haber ganado el pulso que mantenía con el titular de Industria, José Manuel Soria, y no se prevé aportación presupuestaria este año para financiar el mayor coste que supone generar electricidad en los sistemas extrapeninsulares (Canarias, Baleare, Ceuta y Melilla).

Eso se traduce en que los usuarios y las compañías deberán repartirse al menos esa parte que asciende a unos 1.800 millones. Los primeros, a través de futurassubidas en el recibo que pagan; y las segundas a través de un recorte en la remuneración de las actividades de distribución y de transporte, según fuentes del sector.

Todo ello se esbozó durante dos reuniones convocadas por el ministerio de Industria. En la primera estuvieron representantes de las eléctricas Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa y la patronal sectorial, Unesa. En la segunda intervinieron empresas del sector de renovables como Acciona o Abengoa, pero sin las organizaciones que las representan. El sector eléctrico espera que el Gobierno anuncie una reducción "considerable" de la retribución de las actividades de distribución, que pondría en peligro futuras inversiones e incluso la calidad del suminsitro, según el sector.

Al entender de las eléctricas, el objetivo esencial debe ser reducir el déficit de tarifa que se produce al ser los costes de producción muy superiores a los ingresos que el Gobierno reconoce a las eléctricas a través del recibo de la luz que, a su vez incluye otros aspectos como las primas a las energías renovables y la subvención al carbón. Este desfase crece a razón de unos 5.000 millones al año. Eso obliga a generar ahorros de costes de al menos 4.000 millones por la vía de menores retribuciones para las compañías o mayores aumentos en las tarifas que pagan usuarios y empresas.