El Gobierno del PP también tira la toalla con los colegios profesionales

Los anteriores Gobiernos socialistas no lograron sacar adelante su pretendida reforma de los colegios profesionales en España para liberalizar los servicios que prestan y tampoco parece que lo vaya a lograr el actual Ejecutivo del PP.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo el viernes que esta reforma no está descartada, aunque no se encuentra entre las prioridades del Consejo de Ministros. Lo dijo en presencia de Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía, y una de las personas que más ha dado la batalla en defensa de la colegiación obligatoria. La expresión de Catalá deja un mínimo resquicio para la aprobación de la reforma que, sin embargo, no se ve en otros departamentos del Ejecutivo. En estos últimos se da por muerta esta iniciativa en la presente legislatura dado el escaso margen del calendario parlamentario ante la previsible convocatoria de elecciones generales a final de año.

Oficialmente se argumenta que no conviene abordar ahora la reforma ya que la Comisión Europea ha emprendido un proceso de revisión de las normativas estatales con el objetivo de lanzar recomendaciones a principios del 2016. En el fondo, no obstante, subyacen las enormes presiones de los sectores afectados que llegan al Gobierno no solo desde los colegios profesionales, sino desde los propios parlamentarios y altos cargos titulados en las profesiones cuyo ejercicio se pretende regular.

CONDICIÓN DEL RESCATE / De este modo, quedará definitivamente aparcada una de las reformas más importantes en las que se había embarcado el ministro de Economía, Luis de Guindos, que, además, formaba parte del compromiso de España ante la troika a cambio del rescate bancario del 2012, tal como figura en el Memorandum de Entendimiento (MoU, según la sigla en inglés).

Tan sonoro incumplimiento, aunque en un plano muy distinto, solo es comparable con la paralización de la reforma del aborto, que llevó al exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón a presentar su dimisión en octubre pasado.

En ambos casos, ya existía un anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros que había sido sometido a información pública. En el caso de los servicios profesionales, además, se había producido el informe del Consejo de Estado (febrero del 2014). En ambos casos, los ministros Ruiz Gallardón y De Guindos anunciaron la aprobación inminente del proyecto de ley. «Se aprobará esta semana en el Consejo de Ministros», dijo Luis de De Guindos en Santander el 17 de junio pasado.

DE MÁS A MENOS / La reforma de los servicios profesionales fue aprobada como anteproyecto por el Consejo de Ministros en agosto del 2013. El ministro de Economía explicó que el objetivo era reducir los colegios obligatorios, mejorar su transparencia y facilitar el libre acceso y ejercicio de los servicios profesionales. Dijo que la liberalización iba a permitir un crecimiento adicional del PIB del 0,7% a largo plazo y del empleo.

Tras recibir las observaciones de los colectivos afectados y del Consejo de Estado, Economía elaboró un nuevo texto en la primavera del 2014 que, aunque más descaifenado, incluía importantes reformas.

Bajaban de 80 a 38 las profesiones de colegiación obligatoria, que quedaba limitada a actividades sanitarias, legales y técnicas. Además, rebajaba de 200 a 59 las profesiones para cuyo ejercicio se exige una titulación específica. El borrador eliminaba la cuota de inscripción en los colegios profesionales (que ahora oscila entre los 150 y los 1.931 euros) y limitaba a un tope de 240 euros la cuota anual (en la actualidad puede acercarse a los 2.300 euros). Además, permitía a los profesionales elegir en qué colegio inscribirse, al margen de su lugar de residencia.

En el camino se había quedado toda referencia liberalizadora al sector de las farmacias. También habían caído otros aspectos polémicos, como la intención inicial de permitir a los ingenieros visar proyectos de edificación (tarea que ahora realizan los arquitectos) o la pretensión de que abogados y procuradores pudiesen ejercer de las dos cosas a la vez. En estas y en otras cuestiones la labor de lobi surtió efecto.

MOLESTAR A TODO EL MUNDO / En su libro ¡Que vienen los lobbies! (Destino, 2013) el periodista Juan Francés sostiene que la reforma de servicios profesionales «es quizá uno de los casos más flagrantes en los que por no perjudicar intereses particulares se ha incumplido la defensa de los intereses generales». Cuenta que Rodríguez Zapatero no pudo sacarla adelante porque «le dio miedo el ruido que podían armar los colegios profesionales». El borrador «se terminó de enterrar una mañana en que el ministro de Fomento, José Blanco, se revolvió ante los intentos de Economía de avanzar en el desarrollo de la ley y pronunció estas palabras: «Pero vamos a ver, ¿es que tenemos que meternos con todo el mundo?».