La economía sumergida escondida en la legalidad

Durante años, el grupo parlamentario de ICV en la Cámara catalana ha preguntado al Govern por el número de horas extras realizadas al año por los empleados públicos, con el objetivo de demostrar que en muchos casos esconden las necesidades reales de puestos de trabajo.

La semana pasada, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición de ley en el Congreso en la que propone un plan contra la explotación laboral cuya medida estrella sería la persecución de las horas ilegales en el sector privado (las que superan las 40 horas semanales fijadas en el Estatuto de los Trabajadores, más las 2 horas extraordinarias de media semanal permitidas por ley).

La práctica está tan extendida que a más de uno le hará sonreír esta demanda.

Pero está justificadísima, tanto desde el punto de vista de protección de los trabajadores, como de la lucha contra la competencia desleal (entre empresas que pagan y cotizan por la jornada realizada y las que utilizan las horas ilegales, o de creación de puestos de trabajo. La proposición socialista se basa en los datos de un trabajo del experto en empleo Enrique Negueruela, realizado a partir de los datos de Encuesta de Población Activa (EPA).

Las conclusiones numéricas deberían hacer reflexionar, y mucho, a los responsables de las políticas de empleo y de los planes de inspección laboral. En el tercer trimestre del 2014 se realizaron en España 10,2 millones de horas ilegales cada semana. Si se hubieran podido convertir en empleo, equivaldrían a unos 273.000 puestos de trabajo a tiempo completo . Además, de haberse cotizado por estas horas lo que corresponde por ley, la Seguridad Social habría recaudado unos 2.400 millones de euros más en un trimestre.  O sea que se trata de un grave problema económico y además de una estafa fiscal a gran escala, pero muy diluida y que hasta ahora no tiene un rechazo social contundente.

Sin embargo, en los últimos años esta tolerancia se está convirtiendo en un profundo malestar ante  la proliferación de los contratos a tiempo parcial promovidos por la reforma laboral que han multiplicado el uso de las horas ilegales, afirman los responsables de empleo del PSOE. Por ello reclaman que los planes de inspección se centren en controlar, perseguir y sancionar «a las empresas que firman contratos a tiempo parcial y que en realidad son de tiempo completo encubiertos».

A veces, las políticas de empleo no tienen por qué ser muy complicadas. En este caso se trataría solo de aplicar la ley, esto que constantemente reclama Rajoy en otros ámbitos, y los efectos sobre el empleo serían espectaculares.