Contra el raquitismo y la desigualdad, más y mejor integración

Los problemas de la Unión Europea en cuanto creación de empleo y generación de riqueza no son coyunturales sino estructurales y tienen que ver con la falta de coherencia entre los avances en la integración económica y la integración política; y con el complejo entramado institucional de la Unión Europea, difícil de ser comprendido por la ciudadanía y que no permite a los ciudadanos europeos visualizar claramente a quién se deben atribuir las responsabilidades por las políticas implementadas en cada país: las que gozan del predicamento de la ciudadanía se las atribuyen los gobiernos nacionales y aquellas más ingratas son atribuidas al ámbito comunitario.

La Unión Económica y Monetaria se hizo de forma desequilibrada, con importantes avances en los aspectos monetarios -introducción del euro y política monetaria única con la creación del Banco Central Europeo-, pero con insuficiencias desde el punto de vista económico: un presupuesto comunitario raquítico (que no alcanza ni el 1% del PIB comunitario), falta de políticas estructurales y de una unión presupuestaria y fiscal y de una unión bancaria efectiva, lo cual ha facilitado los desequilibrios fiscales y de competitividad y la dispersión de los niveles de vida. Mientras se convergía en términos de renta per cápita durante los años de integración económica (unión aduanera y consecución de un mercado único) se acentuaban las diferencias en el interior de los países miembros, que eran mitigadas mediante transferencias fiscales y reformas impuestas por el poder central.

¿Cuál es la alternativa? Avanzar en el proceso de integración política. Ello significa ceder las todavía importantes parcelas de soberanía nacional a favor de la eurozona, puesto que ello impide la verdadera unificación del mercado y la verdadera integración económica de la Unión Europea. Esta cesión de soberanía se hace más necesaria justamente cuando, en parte debido a las políticas de austeridad y de consolidación fiscal, se produce un aluvión de renacionalizaciones de muchas de las políticas esenciales de la UE, lo cual está conduciendo a una crónica situación de raquítico crecimiento y debilidad en la creación de ocupación. Europa no es el problema, sino la solución, si se dispone de la suficiente dosis de liderazgo y de sentido institucional en el ámbito europeo. La solución es esencialmente de voluntad política. Avances en la integración política supondrían un mayor grado de coherencia entre las políticas nacionales y las comunitarias. También significarían mejoras en la legitimidad democrática de las políticas macroeconómicas en la eurozona, y ello contribuiría a mejorar la percepción ciudadana de cómo la pertenencia a la Unión Europea contribuye a su bienestar.

El papel del Consejo Europeo

En la Unión Europea hay tres instituciones principales que participan en la elaboración de la legislación: El Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos de la UE y es elegido directamente por ellos; el Consejo de la Unión Europea o consejo de ministros, que representa a los gobiernos de cada uno de los estados miembros, cuya presidencia la comparten los estados miembros con carácter rotatorio (actualmente, el primer ministro italiano, Mario Renzi), y la Comisión Europea, que representa los intereses de la Unión en su conjunto.

Pero resulta que entre las particularidades en el funcionamiento de las instituciones de la UE hay que destacar la existencia del Consejo Europeo que es quien de verdad establece la agenda europea y marca la dirección política general de la UE, aunque no tenga poder para aprobar leyes. Está compuesto por un presidente (a partir de diciembre, el primer ministro polaco, Donald Tusk) y por los jefes de Estado o de gobierno nacionales, además del presidente de la Comisión (designado también por el Consejo Europeo, con la aprobación del Parlamento, el luxemburguès Jean-Claude Junker, a partir de enero del 2015).

El Consejo Europeo fue creado en 1974 con la intención de establecer un foro informal de debate para los jefes de Estado o de gobierno. Rápidamente evolucionó hasta llegar a ser el órgano que fijaba los objetivos de la Unión y determinaba el curso para alcanzarlos, en todos los ámbitos de actividad de la UE. Adquirió un estatuto oficial en 1992, con el Tratado de Maastricht, que dispone que «el Consejo Europeo dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones políticas generales». A partir del 1 de diciembre del 2009, con el Tratado de Lisboa, se ha convertido en una de las siete instituciones de la Unión.

Observamos una sobreponderación del peso de los estados miembros en la dirección política de la UE (primero como poder colegiado legislativo en forma de consejo de la Unión Europea o consejo de ministros, y luego como poder ejecutivo en forma de Consejo Europeo, lo cual resta virtualidad tanto al Parlamento como a la propia Comisión.

Pérdida de eficacia y cohesión

Si se me permite el símil es como si en el Estado español las decisiones legislativas las tomaran las Cortes junto con el Gobierno, pero conjuntamente con los consejeros de las 17 comunidades autónomas (equivalente al consejo de la Unión Europea), pero quien marcara la agenda y las políticas fueran precisamente los presidentes autonómicos (el Consejo Europeo). No es difícil imaginar que en este funcionamiento primarían los intereses autonómicos (equivalente a los estados miembros) en detrimento de los intereses nacionales (la Unión Europea en su conjunto) y el corolario sería una pérdida de visión, de objetivos, de eficacia y de cohesión.