Alternativa de futuro

Ante las discusiones sobre si debe ser el Estado el principal garante del bienestar colectivo mediante la recolección centralizada de recursos y su posterior redistribución, o bien si debe ser el mercado a través de su libre funcionamiento y los hipotéticos efectos benévolos de la trickle down economics, hemos presenciado desde los años previos a la crisis cómo la sociedad civil se ha erigido en fuente fundamental de acción social y económica. Su creciente importancia ha buscado contribuir a romper con un dilema motor de debates interminables en el seno de la teoría económica contemporánea: el binomio Estado-mercado o, dicho de otro modo, sector público-sector privado. En cambio, cuando hablamos del tercer sector social nos referimos concretamente a las entidades privadas sin ánimo de lucro, la razón de ser de las cuales es promover la inclusión y la cohesión social en toda su complejidad.

En este sentido, la sociedad civil se ha presentado como capaz de evitar, por una parte, la burocratización de la intervención social pública y la generación de sujetos pasivos y pretendidamente parasitarios contra las que las voces detractoras del Estado del bienestar advierten y, por otra, los efectos demoledores de una lógica de mercado que no introduce la fragilidad ni la interdependencia humanas en sus supuestamente infalibles ecuaciones. El tercer sector social irrumpe en el mundo político y económico, de esta manera, con la esperanza de poder eludir algunas de las principales debilidades y peligros del Estado y el mercado y garantizar a la ciudadanía una atención flexible, descentralizada y de proximidad que permanezca autónoma respecto a los altibajos de la economía y los impactos que estos tienen sobre la solvencia económica y la capacidad de actuación de los gobiernos.

No resulta excesivamente atrevido, sin embargo, introducir algunos interrogantes sobre su capacidad de erigirse en alternativa real ya que, en la actualidad, el tercer sector social se encuentra inmerso en dos tendencias contradictorias. Por un lado, el aumento de las situaciones de emergencia social provocado por el galopante incremento del desempleo, por la disminución de las rentas de que disponen las familias y, por los miles de desahucios ejecutados en nuestro país han incrementado la demanda de servicios y ayudas que las entidades del tercer sector ofrecen. En el contexto catalán, por ejemplo, entre el 2007 y el 2012 el número de personas atendidas por estas entidades aumentó, según el Observatori del Tercer Sector, en 430.000.

Y, por otro lado, ante este escenario de multiplicación de las peticiones y, por tanto, de una mayor necesidad de respuesta, las políticas de reestructuración y reducción del gasto público social no solo merman de manera dramática la capacidad de acción del tercer sector, sino que además hacen peligrar su propia existencia. En este sentido, la crisis y los recortes sociales han destruido desde el año 2011 más de 15.000 puestos de trabajo de este sector en Catalunya.

Este escenario se explica tanto por los efectos de la actual crisis económica como por la propia historia del tercer sector en el contexto del Estado español. Como resultado de la importancia histórica que tanto la familia extensa como las instituciones religiosas han tenido en el campo de la acción social, la sociedad civil española y catalana en este ámbito se ha caracterizado por su debilidad hasta tiempos recientes.

El tercer sector de la acción social no deriva de una tradición participativa sino de políticas específicas promovidas por las administraciones públicas a partir de la década de los 90. Estas políticas contribuyeron a la creación y organización de experiencias colectivas especializadas en la acción social, pero al mismo tiempo tuvieron unos efectos que hoy en día constituyen lastres importantes, como su fragmentación y la naturaleza clientelar de su relación con las administraciones públicas. Estas políticas han provocado, igualmente, un alto grado de dependencia económica del tercer sector hacia el sector público, dependencia que se ha puesto claramente de manifiesto tan pronto como los recursos públicos han comenzado a sufrir recortes.

En el momento actual, además de tener que competir con las empresas mercantiles abriéndose paso en la gestión de determinados servicios sociales (como las guarderías), las entidades sociales sin ánimo de lucro corren el riesgo de ver su acción limitada a un creciente asistencialismo y que este, a su vez, sea instrumentalizado por las instituciones públicas para reducir sus responsabilidades hacia el bienestar de la población.

Reinventar las soluciones

En definitiva, y a la espera de volver a pensar las lógicas sobre las que descansan los tres actores aquí mencionados, la situación actual del tercer sector en Catalunya se encuentra en estos momentos lejos de constituir una alternativa real a los demostrados fracasos del Estado y el mercado a la hora de garantizar un bienestar generalizado de la población. Solo aquellas iniciativas y propuestas basadas en nuevos paradigmas de solidaridad y cohesión social como los de la economía social o la economía feminista tendrán la capacidad de plantear alternativas reales a las debilidades del sector público y del sector privado.

A pesar del sufrimiento que sigue comportando, la crisis puede ser también una oportunidad para imaginar otra forma de hacer las cosas y reinventar las soluciones a los problemas que nos rodean. No la desperdiciemos.