UCER, equipo antidesahucio

He vivido un auténtico infierno, pero ahora estoy bien. Explicando mi historia puedo dar algo de esperanza a las personas que ahora sufren pensando que se quedarán en la calle»e. Así lo explica Constantina, de 40 años, una vecina de Nou Barris.

En el 2013 falleció su pareja y su vida se puso cuesta arriba. Y es que al lógico dolor por la pérdida, se añadieron las dificultades para pagar el alquiler y criar cuatro hijos menores de edad. «Al no casarnos, no podía recibir ninguna ayuda económica. Solo comida. Y con mi sueldo, unos 600 euros no podía pagar un alquiler de 650», recuerda Constantina, made de cuatro hijos menores de edad.

«Intentaron echarme del piso varias veces, y entonces apareció en mi vida Carme y nos salvó», cuenta Constantina. Se refiere a Carme Porta, una de las mediadoras de la Unitat contra l'Exclusió Residencial (UCER), creada por el Ajuntament de Barcelona a finales del pasado año para aplicar la Llei 24/2015 del Parlament de Catalunya para afrontar la pobreza energética y la emergencia habitacional.

MEDIACIÓN

«Carme negoció con el propietario y me consiguió un alquiler social de 300 euros al mes durante tres años en el mismo piso», explica muy agradecida la vecina. Como Constantina, muchas personas han evitado un desahucio gracias a las gestiones del UCER. «La mitad de los casos se resuelven de manera positiva, y la otra mitad está en vías de resolución. Solo he asistido a un desalojo en estos tres meses, y la familia fue realojada», cuenta Porta, una de las técnicas de la UCER encargadas de visitar y acompañar a las personas en riesgo de exclusión residencial. «Les tranquiliza que les acompañemos, ver que la administración va a sus casas y defiende sus derechos», añade Porta.

El servicio UCER está formado por 13 personas con experiencia en situaciones de emergencia habitacional. «La unidad es nueva, pero aquí hay técnicos que han gestionado casos muy complejos como el realojamiento de los vecinos de Can Tunis, los casos de aluminosis del Turó de la Peira o el socavón de la plaza de Isop», subraya Fuensanta Alcalá, directora técnica de la UCER.

Alcalá resume el objetivo de su equipo: «Coordinar los servicios municipales implicados, desde oficinas de vivienda a servicios sociales y centro de urgencias, y ofrecer todos los medios a nuestra disposición para impedir los desahucios».

CASOS COMUNES

Hasta la fecha, entre enero y marzo, la unidad ha atendido unas 570 personas o familias. Una situación muy común es la del banco que se queda el piso porque una persona no lo puede pagar. En ese caso, según la Llei 24/2015, el demandante en un proceso de desahucio debe ofrecer un alquiler social, preferiblemente en el mismo piso, si la persona está en riesgo de exclusión residencial. «Estudiamos caso a casa. Hacemos cuentas, teniendo en cuenta sus ingresos, y acordamos un alquiler social a medida según los criterios de la Ley», subraya unas de las técnicas de la UCER, Mercè Rivera.

La ley establece que los grandes propietarios de inmuebles deben ceder por tres años al Fons d'Habitatges de Lloguer Social las viviendas que lleven dos años vacías. Esto solo si son grandes poseedores de viviendas. Si la vivienda pertenece a un pequeño propietario, con dos o tres pisos como máximo, se intenta pactar para que no salgan perjudicados. «Suelen ser personas mayores que tienen estos alquileres como un complemento de su pensión», puntualiza Alcalá.

La cesión pactada ha permitido al Ayuntamiento disponer de 450 pisos para alquileres sociales, cedidos voluntariamente por algunos bancos. Al margen de la mediación, el equipo dirigido por Alcalá también se dedica a localizar pisos vacíos -tienen detectados 2.400- y sancionar a los grandes poseedores que no los ofrecen.